La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) cuenta ya con los lineamientos y metodología propuesta por su Junta de Gobierno para establecer el tope de comisiones para las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) a partir de octubre de 2022. Fue en febrero pasado cuando se tomó la decisión de marcar las reglas para fijar el tope de pensiones. Un tema que tiene muy nerviosos a los jugadores de este sector porque algunas de esas reglas pondrían en jaque su estructura de costos porque, al parecer, los sistemas de EU, Chile y Colombia, no son totalmente comparables.

Le cuento que la CONSAR propone un sistema comparativo de comisiones con otros mercados que, en el caso de reportar bajas, representaría, además del tope, un ajuste para las comisiones en el mercado mexicano. Las AFORES, a través de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) envían a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) sus comentarios al Anteproyecto de Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CONSAR.

La Junta de Gobierno de la CONSAR estableció que, en cumplimiento del párrafo octavo del artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y del artículo Décimo Transitorio del Decreto mediante el cual se modifica el marco legal para este sector, resulta necesaria la emisión de un nuevo acuerdo por el que se dicten políticas y criterios que permitan calcular y establecer un máximo al que se sujeten las comisiones que cobren las AFORE.

La metodología de la CONSAR propone un promedio aritmético de los cobros en materia de comisiones de los vehículos de inversión en los sistemas de contribución definida de los Estados Unidos de América, Colombia y Chile y que, en la medida en que las comisiones en dichos países tengan ajustes a la baja, serán aplicables las mismas reducciones y, en caso contrario, se mantendrá el promedio que al momento se esté aplicando.

Dichas políticas y criterios, según la CONSAR; comenzarán a aplicarse a partir del proceso de autorización de comisiones que se lleve a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 2021, y se cobrarán a los trabajadores a partir del ejercicio fiscal 2022.

“Parte de los comentarios que hemos hecho están muy enfocados a la metodología, sobre todo al solicitarle al regulador que esté claramente establecidas tanto las fuentes de información para las referencias que se están tomando, como los supuestos detrás de la metodología. Creemos que eso es muy relevante para poder replicar el ejercicio que se hizo y que sea muy transparente” señaló Bernardo González en una entrevista con el programa de radio Salud, Dinero y Amor (SDYAMOR) que se transmite por Grupo ACIR, 88.9 de FM.

También en entrevista para SDYAMOR, Víctor Baeza, vicepresidente de Operaciones de la CONSAR aseguró que la metodología para el cálculo de las comisiones fue aprobada el 11 de febrero por la Junta de Gobierno y a través de la CONAMER se conocerá la opinión de los involucrados y se realizarán los cambios necesarios, para después publicar el documento final.

La Junta de Gobierno de la Consar dará a conocer en octubre de cada año el límite máximo de comisión que podrán cobrar los administradores de fondos para el retiro y que podrán llevarse a cabo a partir del año siguiente, explicó Baeza.

En los primeros intercambios de información y opiniones sobre la metodología comparativa con Estados Unidos, Chile y Colombia que propone la Junta de Gobierno de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) para fijar el tope de comisiones a las AFORES, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) consideró que la referencia comparativa para las comisiones, al menos en el caso de éste último país, no incluye la totalidad de costos, de los montos que cobran las administradoras.

Para la AMAFORE, la totalidad de costos implica que la referencia no refleja de forma adecuada las comisiones promedio que se cobran en Colombia. “En particular no se consideran los costos asociados a la administración de recursos de afiliados cesantes, por la administración de pensión por retiro programado y por traslado de afiliados”, de acuerdo con una carta enviada por la AMAFORE a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).

La carta fue enviada a Alberto Montoya, titular de la CONAMER, por Bernardo González Rosas, presidente ejecutivo de la AMAFORE.

Por ello, la AMAFORE sugiere a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) considerar el total de los costos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cobran a sus afiliados en Colombia, con el propósito de estimar un nuevo promedio.

Es más, la AMAFORE asegura que se deben considerar los costos adicionales que, en su caso, pudiera haber no sólo en Colombia sino en Chile y Estados Unidos.

Además, apuntó que, con respecto a la comisión promedio que se deberá considera en el caso de Estados Unidos, se sugiere especificar el listado de los 2,500 fondos a que se hace referencia en la metodología de la CONSAR así como los managers o sponsors y demás información relevante para el cálculo de comisiones, con el fin de contar con el promedio exacto referido.

La AMAFORE también sugiere que se revise en la metodología el perfil del trabajador promedio para tener una estimación apegada a la situación real del mercado laboral. La AMAFORE realiza comentarios y sugerencias a variables en la metodología para establecer el tope de comisiones como la comisión sobre flujo, aportación bimestral a la cuenta, la densidad de cotización, comisión bimestral sobre saldo.

AMX, otra vez

Una consulta pública del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) busca validar la flexibilización de medidas de América Móvil. Dicho agente no debe contar con libertad tarifaria mientras siga siendo preponderante. IFT debe revisar las consecuencias negativas de bajar la guardia en materia regulatoria, aseguró el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

El pasado 16 de marzo, el IFT abrió un proceso de consulta pública que, en los hechos, tiene por objeto validar la decisión adoptada por el regulador desde el pasado mes de diciembre en el sentido de aligerar algunas restricciones a las que se encuentra sujeto el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T).

Para los integrantes del IDET resulta alarmante que sea el propio órgano responsable de imponer al AEP-T las medidas asimétricas necesarias para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia en el sector de telecomunicaciones, el que opte por flexibilizar algunas de esas medidas, en franco beneficio de América Móvil y, en clara contravención a lo dispuesto en la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El IFT sabe que la figura de preponderancia es constitucionalmente distinta a la de mercado relevante y que la intención del Constituyente Permanente es que aquella no pueda diluirse en consideración a mercados específicos, ya sea por servicio o por cobertura geográfica. Antes de la reforma de 2013, el ahora AEP-T fue exitoso al cabildear con los reguladores la determinación de cada mercado para evadir la regulación y al litigar en tribunales la delimitación de cada uno de ellos. Por eso la preponderancia abarca al sector telecomunicaciones como un todo indivisible a nivel nacional.

Por otra parte, dijo el IDET, es de llamar la atención la celeridad con la que el IFT busca permitir que el AEP-T goce de plena libertad para fijar las tarifas del servicio de acceso indirecto al bucle local en algunas zonas geográficas, tomando en cuenta que ni siquiera han entrado en vigor otras obligaciones derivadas de la Segunda Revisión Bienal de las Medidas Asimétricas de Preponderancia concluida apenas el pasado mes de diciembre, momento en el que el regulador aprobó para si mismo, la facultad de concederle al AEP-T algo inconcebible, el contar con libertad tarifaria, a pesar de mantener su carácter de preponderante al seguir acumulando alrededor del 60% de participación de mercado de todo el sector telecomunicaciones. Por cierto, el IFT sigue defendiendo a toda costa su presupuesto mientras se olvida de los intereses de los consumidores. Surgen, otra vez, las dudas sobre la utilidad de su trabajo.