El miércoles 17 de este mes, el mundo se despertó con la noticia de que Alan García, el dos veces expresidente de Perú, había tratado de quitarse la vida pero que había fallado. A pesar de ello, unas horas después de que empezó a fluir la información desde Lima, de allá mismo se informaba que había muerto.

El récord de García como presidente de su país fue, por donde se le vea, lamentable. Su primera presidencia (1985-90) acabó con la economía peruana, agravó la situación en materia de seguridad pública y nacional, producto del conflicto con Sendero Luminoso y, ahora sabemos, fue el invernadero ideal para el surgimiento del Sodalicio de Vida Cristiana, una orden religiosa peruana, marcada por el triple estigma de la teología de la prosperidad, el racismo y los abusos sexuales a gran escala.

Sin embargo, fue en su segunda presidencia (2006-11) cuando García se unió al selecto club de los expresidentes peruanos y de América Latina tocados por los tentáculos corruptores de la empresa brasileña Odebrecht. Sólo en Perú, Odebrecht entregó dineros a García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Toledo enfrenta en la actualidad un proceso de extradición en Estados Unidos y Humala y Kuczynski están en las primeras etapas de un proceso judicial que se sabe será difícil para ellos y farragoso para un país atravesado, como México, por los efectos devastadores de la corrupción.

Sin embargo, el único que jugó a la víctima fue García. La penosa carta de suicidio que Lucía, una de sus hijas, leyó el viernes 19, durante el velorio, encuera la arrogancia, el narcisismo y la irresponsabilidad que siempre distinguieron a García. En una de sus líneas más desafortunadas dice que deja su cadáver como muestra “de desprecio” a sus adversarios pues, según García, él “nunca se vendió”.

Quien conozca un poco de historia contemporánea de Perú sabe, sin embargo, que eso no es cierto. El conflicto de García con la justicia peruana empezó en noviembre de 2011 cuando, al poco tiempo de concluir su segundo mandato, el congreso creó la “Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del gobierno de Alan García Pérez, como Presidente de la República, durante el período gubernamental 2006-2011”, popularmente conocida como La Megacomisión.

La Megacomisión abordó una multitud de hechos sospechosos de corrupción, entre los más notables, programas vitales para ese país como Agua Para Todos, el programa de reconstrucción de escuelas llamado Colegios Emblemáticos, las obras del aeropuerto de Collique y, sobre todo, una andanada de indultos otorgados a favor de narcotraficantes llegados de todas partes del mundo a Perú, incluidos algunos de países africanos, entre otros asuntos.

Las conclusiones de La Megacomisión se pueden consultar en  http://bit.ly/MgacomisionPeru. De ellas, lo importante es que, a contrapelo de lo dicho por Alan García al suicidarse, sí hay abundante evidencia de cómo García y sus allegados se vendían al mejor postor, fuera al “subastar” las obras hidráulicas, la reconstrucción de antiguas escuelas o los perdones a narcotraficantes.

Las conclusiones de La Megacomisión, cuyo mandato concluyó en agosto de 2015, por cierto, no pudieron usarse para abrir causas judiciales contra García, porque logró que la Suprema Corte de aquel país le otorgara el equivalente a un amparo. Gracias a ello, García pudo vivir en relativa calma hasta que el 21 de diciembre de 2016 iniciaron las investigaciones por el caso Odebrecht en Perú. De acuerdo a la evidencia disponible, en el caso de García, los sobornos de Odebrecht habrían involucrado la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera Interoceánica Sur, aunque él siempre lo negó.

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