*Regina Martínez Casas

En México existe una actitud ambigua con relación a los extranjeros que tienen la necesidad de salir de sus países y buscan refugio en el nuestro. Crecí escuchando hablar sobre los aportes de los refugiados que llegaron de España por la Guerra Civil, de nuestra generosidad con exiliados sudamericanos que huían de las dictaduras que caracterizaron esa región latinoamericana en la década de 1970 y sobre la llegada de personas procedentes de Centroamérica en la década de 1980. Con el tiempo resultaron evidentes dos elementos: el primero es el origen hispanohablante de aquellos refugiados del siglo XX que han formado parte de la narrativa sobre refugio en México, el otro es que, cuando se exaltan sus contribuciones, se habla de los académicos e intelectuales y poco o nada se habla de las miles de personas que han salido de sus países por violencia y pobreza y solicitan refugio al llegar a nuestra frontera sur en condiciones precarias y de gran vulnerabilidad.

En 2019 tuve la oportunidad de participar en un diagnóstico sobre la situación de las entidades de protección a los Derechos Humanos de personas en movilidad en la Región Transfronteriza México-Guatemala, en la que colaboramos colegas del Colegio de la Frontera Norte, de la UNAM y del CIESAS. En dicho proyecto documentamos las consecuencias de las políticas de contención migratoria implementadas por el gobierno de México a partir de junio de 2019 con el envío de la Guardia Nacional a nuestra frontera sur. En dicho periodo se empezaron a incrementar las solicitudes de asilo atendidas por la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR). Incluimos los resultados de una encuesta llevada a cabo en Tapachula en donde se reporta que más del 20% de las personas solicitantes de refugio duermen en la calle y más de la mitad ha sido víctima de maltrato por parte de autoridades y vecinos de la región. Es importante señalar que según cifras reportadas por la propia COMAR, alrededor del 75% de estas solicitudes son procesadas en la delegación de la Comisión ubicada en Chiapas

Comparativo, Ene., Feb., Mar., Abr. y May. (2018 a 2020)

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Incluso durante la crisis sanitaria que prácticamente paralizó al mundo desde el mes de marzo de este año, la COMAR atendió miles de solicitudes de refugio en todo el país, la mayor parte de ellas de personas proveniente de Honduras, Haití, Cuba, Venezuela y El Salvador. Sin embargo, como lo documentamos a finales de 2019, buena parte del aparato estatal, internacional y de Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden a este sector están rebasadas. Inicialmente por lo que llamamos el reflujo migratorio, provocado por las decenas de miles de personas que han sido devueltas de Estados Unidos a México, independientemente de su nacionalidad. Posteriormente, por el cierre de facto de la frontera de Estados Unidos a los solicitantes de refugio, lo que provocó un incremento en este tipo de trámites en México, como se aprecia en el gráfico.

Empero, estos nuevos solicitantes de refugio no forman parte de la narrativa con la que crecí: la de lo extranjeros que encontraron en México un nuevo hogar y espacios para el desarrollo de sus trayectorias laborales e intelectuales. Diferentes encuestas sobre discriminación realizadas en México en la última década han mostrado nuestros prejuicios hacia personas de piel oscura y si vemos los países de procedencia de la mayor parte de quienes solicitan refugio vemos que es muy probable que se trate de hombres, mujeres y niños de piel oscura. Y no debemos olvidar que un porcentaje creciente de quienes solicitan refugio en México son precisamente mujeres, niñas y niños.

A partir de la contingencia sanitaria, muchos espacios en los que las personas solicitantes de asilo encontraban protección se cerraron o disminuyeron su capacidad de respuesta. Esto resultó más evidente en Oaxaca y el Sur de Veracruz, en donde se quedaron varadas miles de personas que tuvieron que salir de Chiapas por haber sido amenazadas y maltratadas. Los esfuerzos de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la COMAR se han mantenido, pero se han visto afectadas por las restricciones en la movilidad y el cierre de las fronteras en Centroamérica. A eso se suma el ridículamente pequeño presupuesto de la propia COMAR y la falta de solidaridad de nuestra sociedad que ha maltratados sistemáticamente a quienes buscan encontrar en México la paz y seguridad que no tienen en sus países de origen. Aquella narrativa que exaltaba la generosidad de los mexicanos frente a la desgracia extranjera está hoy casi ausente. En cambio, se han multiplicado los discursos de odio contra extranjeros, en particular aquellos que son pobres y tienen la piel oscura. Este 20 de junio en el que conmemoramos el Día Mundial del Refugiado me temo que no tenemos casi nada que celebrar y mucho que reflexionar. México es un país de migrantes y no podemos olvidar que muchos de ellos han salido de nuestro país buscando protección y seguridad para ellos y sus familias y contribuyen económicamente al desarrollo de sus comunidades. No puedo sino sentir vergüenza por lo poco que hoy nos importan los refugiados de América Latina, pero también los africanos y caribeños que tratan de encontrar una vida digna en México. Ojalá este día podamos hacer un alto a los discursos xenófobos y recordar que todos somos descendientes de personas que se han movido del lugar en el que nacieron —si no es que nosotros mismos lo hemos hecho— y que merecemos ser respetados y reconocidos.

* La doctora Regina Martínez Casa es Profesora-Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)