Dr. Ángel Mundo López*
Dr. Carlos R. Aguilar Astorga**

Los Conversatorios de los Programas Sectoriales 2019-2024, organizados por la Universidad Autónoma Metropolitna (UAM) el pasado mes de diciembre, incluyeron uno destinado a discutir el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Territorial, el presente texto recoge los principales puntos discutidos en ese espacio que contó con la participación de integrantes de las distintas unidades de la UAM, así como miembros de la sociedad civil.

Hasta hace relativamente poco tiempo, el paradigma desarrollista consideraba la urbanización como el fin último sin considerar sus consecuencias. México no fue ajeno a dicho proceso y dio el salto, durante el pasado siglo, de un entorno rural a uno predominantemente urbano.

De acuerdo con el PND 2019-2024, actualmente existen 401 ciudades en donde residen 93 millones de personas, lo que representa 74% de la población. No obstante, el proceso ha sido sumamente inequitativo, pues la mayor parte de la población se asienta en zonas periféricas que enfrentan “acceso limitado a infraestructura y espacios públicos; movilidad ineficiente, insegura, limitada y costosa; falta de conectividad en un entorno deteriorado y con una baja cobertura de equipamientos urbanos” (p. 115).

Por tanto, la concentración de la riqueza no se circunscribe a las personas, también se da entre enormes concentraciones poblacionales (y económicas) frente a una miríada de pequeñas aglomeraciones, lo que ocasiona que, en buena medida, las grandes ciudades sobrevivan a costa de la explotación de los recursos de las zonas rurales. Las pasadas administraciones federales, preocupadas por ello, al menos discursivamente, resaltaron el necesario impulso que se debía dar a las zonas menos desarrolladas, como la parte sur del territorio nacional, pero la realidad es que los proyectos destacaron por su ausencia.

La llegada de la presente administración, consciente de dicha iniquidad, ha propuesto la realización de sendos proyectos que, aunque con la mejor de las intenciones, adolecen del debido sustento técnico y comunicativo (que no informativo) que garantice que aquéllos serán sustentables y exitosos para ofrecer a los habitantes de esas zonas las condiciones adecuadas para la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de sus derechos.

El PND 2019-2024, establece en su Eje Transversal 3, Territorio y Desarrollo Sostenible, que “toda acción que se toma en el presente incide en las capacidades de las generaciones futuras y que toda política pública actúa en un territorio” (p. 37); no obstante, no alcanza a especificar cuál será la estrategia que permita alcanzar dicho objetivo, pues, aunque el PND menciona la sustentabilidad como uno de los principios que guiarán la planeación territorial, los proyectos persisten en promover la creación de infraestructura, la movilización e intercambio de mercancías o la generación de espacios turísticos, dejando a los ciudadanos que residen en las zonas que impactarán aquellos como única perspectiva de desarrollo la laboral, por la presunta creación de puestos de trabajo que se generarán.

Durante el Conversatorio se consideró que una planeación de este estilo no toca la realidad y genera externalidades negativas, como la creación de unidades habitacionales que pueden llegar a desconfigurar el territorio. Ante esto se propuso (re)pensar el tipo de desarrollo que queremos, pues en muchas ocasiones se presenta una desestructuración entre lo normativo y la realidad.

Otro de los puntos que se resaltaron fue el del excesivo centralismo que impera en la administración pública, que genera una alta dependencia de estados y municipios que impide una adecuada redistribución de los recursos.

En este proceso también inciden las instituciones involucradas en el desarrollo territorial, como las secretarías de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), o el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), cuyo sustento de actuación termina siendo el marco jurídico y, como sucede en el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos, no resulta de mucha utilidad debido a la multiplicidad de temas que involucra.

Un problema adicional que se presenta es el que se relaciona con las escalas de actuación, pues las que se manejan son muy grandes. Este problema se presentó desde la administración de Vicente Fox, quien propuso impulsar el desarrollo de cinco mesorregiones que terminaron siendo ­inabarcables. Pese a esa experiencia, el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, signado en el mes de noviembre entre los empresarios y el Gobierno, pareciera repetir el mismo error, considerando sólo tres grandes regiones: la Norte, la Centro y la Sursureste (p. 10).

Por otro lado, es necesario reconocer que el territorio se ha considerado sólo como un generador de recursos, siendo necesario cambiar dicho paradigma por uno que permita abordar de mejor manera la relación problema-decisión-formulación-implementación de proyectos de desarrollo.

Además, es fundamental que los procesos de planeación urbana y territorial tomen en consideración cuatro factores: el contexto continental, tanto del Norte como del Sur, que actualmente influye de manera importante en nuestro país; la complejidad que presentan los entornos urbanos, que requieren cada vez en mayor medida de bienes y servicios debido a que no son autosuficientes; el papel del gobierno en sus tres niveles, básicamente en los procesos de coordinación tanto para la planeación como para la distribución de los recursos; y la necesidad de que la academia se involucre más en las problemáticas sociales de manera presencial más que por medio de procesos burocráticos.

En conclusión, se considera que existen siete líneas sobre las que sería necesario incidir en este ámbito: colaborar en la planificación pero abriendo espacios desde abajo, es decir, con las poblaciones inmiscuidas fomentando, además, la organización social; empujar el valor social del suelo desde una visión de propiedad colectiva; generar conocimientos desde las aulas para la articulación con otros actores; generar espacios de colaboración entre la academia y la sociedad con vistas a estructurar observatorios que permitan realizar un monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas urbanas y territoriales; transformar el marco normativo para eliminar su rigidez; considerar al desarrollo desde una perspectiva más amplia que la que se circunscribe a un criterio económico, y por último, establecer la participación ciudadana como principio general, considerando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

*Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la UAM.**Profesor–investigador del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma de la UAM c.aguilar@correo.ler.uam.mx