Árbitros discretos
La frase fue puesta en circulación pasada la mitad de los años noventa en México, durante el frenesí emanado de los logros democráticos del país: el gobierno había salido de la organización electoral y la autoridad en la materia (el Instituto Federal Electoral) debía comportarse con especial escrúpulo y mesura: si el partido antes hegemónico iba a competir en condiciones -por fin- equitativas, el árbitro no podía más que mostrarse parco, circunspecto, frente a los nuevos competidores renovados, cómo frente al régimen -aún fuerte- que se despedía.
La transmisión pacífica del poder pudo ser -por primera vez en nuestro país- el año 2000, pero la frase quedó flotando en el ambiente electoral como un mandamiento para todo contexto y fuera de la política real. Por eso, varios líderes políticos, funcionarios o comentaristas han criticado y exigido a los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral, retomar la fórmula: ¡sean árbitros discretos! “Miren la conducción del Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, miren la actuación tan cauta del INAI, miren la discreción del INEGI y de otros órganos autónomos…” dado el contexto, para el INE ¿era eso posible o aplicable? Veamos.
En primer lugar ubiquemos el diseño institucional. Ni la Suprema Corte, ni la Junta de Gobierno del Banco de México, del INEGI, ni el pleno del INAI, etcétera, tienen en su seno a los partidos políticos. La deliberación que allí ocurre es entre funcionarios seleccionados que deben argumentar y decidir, estrictamente, con sus pares. En el INE eso NO ocurre, sino todo lo contrario: allí, las siete organizaciones políticas nacionales tienen voz, argumentan, solfean, increpan, insultan y ahora también, escenifican pequeños sketchs contra la institución o contra algunos de sus integrantes. Están frente a frente y las sesiones son rigurosamente públicas por mandato de la Constitución. En esas condiciones ¿es posible, es más, es deseable el disimulo discreto de los responsables institucionales? Creo que la respuesta es inéquivoca: imposible quedarse callados frente a grandes mentiras o ataques contra la institución.
En segundo lugar, las decisiones de la autoridad electoral casi siempre son tomadas por consenso, de las propias consejeras y consejeros y de los partidos mismos. En el 93 por ciento de los casos (hasta 2022) ha ocurrido así: decisiones unánimes. Pero los problemas han surgido en ese 7 por ciento de decisiones discordantes que son amplificadas y dramatizadas por nuestras adolescentes fuerzas políticas, especialmente Morena.
Sombrerazos y contorsiones que a veces son legítimos, pero que las más, intentan desviar o confundir a la opinión pública. Por lo tanto, los Consejeros están obligados a una permanente labor de explicación y de clarificación pública, una pedagogía política intensiva, que nos haga ver las razones del INE, la legalidad, su complejidad, sus alcances, en fin, que no todos los gatos son pardos y que cada decisión guarda una razón legal de peso.
Y finalmente: el contexto político de polarización. Sostener que el INE comenzó una espiral de confrontación y desencuentros frente al gobierno es simplemente, desconocer la historia. López Obrador y su coalición iniciaron su machacona contra el árbitro electoral de modo temprano -por el tema de la “austeridad”- y desde entonces no ha dejado de descalificar e insultar a varios integrantes del Consejo dadas las decisiones que les incomodan (por el falso fideicomiso para los damnificados del sismo 2017, por las medidas de precaución contra la sobrerrepresentación en Cámara de Diputados, por la anulación de la candidatura a Salgado Macedonio, etcétera).
El INE hizo su trabajo, el gobierno, tomó una animanversión y un pleito que no acaba. Pero mal hubiera hecho ese Consejo, si no respondía al lenguaje agresivo e infamante.
Vista general del pleno del INE durante su sesión extraordinaria.
Es lo que hizo el INE en estos años: ¿hubiera sido mejor la “fórmula Zaldívar? Ustedes dirán.