“Chiapas está al borde de una guerra civil”, fue la advertencia que hizo el EZLN. Lo dicho tiene que tomarse en serio. Está vigente el amago de estallidos violentos que descarrilen el proceso electoral del año próximo. Hay en el terreno estrictamente político la certeza de que Morena es el partido dominante y quien sea electo candidato de la alianza Juntos Haremos Historia es claro favorito para el año que entra.

El dato novedoso es el crecimiento, en el proceso para elegir candidato presidencial de Morena, del ex gobernador del estado, Manuel Velasco, que ha visto incrementado su poder de negociación, lo que abre la posibilidad de que un político del Partido Verde, le dispute la candidatura a Zoé Robledo, director general del IMSS y al senador morenista Eduardo Ramírez.

El problema real está en las comunidades. El estado enfrenta una crisis de seguridad que crece. Pululan en la entidad demasiados grupos armados con intereses y causas distintas y que son el mayor factor de riesgo para la elección y el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.

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Los zapatistas lo ven así: “Las alianzas del gobernador Rutilio Escandón con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, porque el gobierno nada hace para preservar la vida, libertad y bienes de los pobladores. El gobierno de Chiapas no sólo solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Martha. Según el subcomandante Galeano los grupos paramilitares profesan un culto a la muerte.

Más allá de frases dramáticas, lo cierto es que esa entidad opera células de los principales carteles nacionales, el de Sinaloa y el CJNG, además de varias pandillas locales e incluso grupos del Mara Salvatrucha que llegan a México huyendo de la represión en El Salvador y Guatemala. El caso de San Cristóbal de las Casas es paradigmático. Pasó de ser una ciudad que atrae turismo de todo el mundo a un lugar peligroso donde el pago de derecho de piso es la regla. El riesgo es que el año que entra no solo se elegirá gobernador, sino también alcaldes de 124 ayuntamientos y los 40 diputados del Congreso local.

En Chiapas, la democracia está en la mira. Todos están a la espera de que en cualquier momento los sicarios voten con sus armas, sobre todo en los municipios en los que son el poder real.