
Nuestra Tierra, es un documental de la directora Lucrecia Martel, el cual forma parte de la veintitresava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). La historia parte del asesinato del líder indígena Javier Chocobar, quien pertenecía a los chuschagasta (pueblo indígena originario de Argentina). Un crimen que apunta a las manos del empresario Darío Amín.
En 2009, Amín buscó llevar acabo una exploración en las minas habitadas por los chuschagasta. Junto con dos policías cómplices, al intentar desalojar a los pobladores originarios, matan al líder, pero no cuentan con que el crimen ha quedado grabado y es subido a YouTube.
A esto le siguen años de protestas, con los asesinos en libertad, hasta que en 2018, al fin, se comienza un proceso judicial contra el empresario.
Luis Humberto Gómez y Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi (los policías), reciben penas de 18 y de 10 años de prisión respectivamente. Sin embargo, salen de la cárcel antes de cumplir la condena, gracias a la corrupción dentro del sistema de justicia.
Darío Amin murió en 2021 a causa del covid y los dos policías siguen libres.
Durante la conferencia de prensa, Lucrecia Martel dejó en claro la falta de apoyo que sigue existiendo hacia las comunidades originarias de Latinoamérica, aún cuando los gobiernos intentan mostrar lo contrario. También abordó la falta de empatía de la población en general:
“Decir la palabra indígena parece que se refiere a gente exótica, que no tiene nada que ver con los demás”, señaló, “nos quedamos un poco tranquilos porque no somos nosotros; pero sí somos nosotros, los mismos a quienes el gobierno usurpa el espacio y el tiempo”
En Argentina no se puede tener a alguien más de dos años en la cárcel sin que visite el juzgado. Curiosamente, o no tanto, cuando se trata de políticos esa ley sí se cumple, pero para las mujeres o personas que cometen delitos de menor gravedad, los tienen hasta cinco años sin un juicio. “La frase de todos son iguales ante la ley es una farsa”, añadió Martel.
Hay muy poca confianza del correcto funcionamiento de la justicia en argentina.
El equipo de producción entró al juicio contra los perpetradores con tres cámaras. Previamente habían anunciado que lo iban a a hacer y aunque al inicio del juicio se los cuestionó, no tenían tampoco razones jurídicas para echarlos del lugar, ya que se trataba de un proceso público.
El proceso y la fimación duraron casi mes y medio, con el equipo documentalista tratando de estorbar lo menos posible y siendo testigos de las injusticias del sistema.
Para Lucrecia Martel acercarse a la comunidad chuschagasta, no fue precisamente fácil. Requería pasar mucho tiempo con ellos, pero ella vivía lejos. Su motivación para superar esos obstáculos fue la realización de una obra que le era importante en lo personal y deseaba que también lo fuese para los chuschagasta .
Con el tiempo se fueron uniendo varias productoras, entre ellas Piano, la cual se encargó de traer el documental al festival.
“La identidad del reclamo indígena, es difícil para la comunidad argentina”, comentó la directora. Durante los últimos minutos de la conferencia, Martel compartió su visión del cine y la esperanza que tiene para su documental.
La directora tiene la ilusión de que le sirva a comunidades indígenas y tiene fe de que el cine puede cambiar a un país: “El futuro de nuestro continente está ligado al cine comunitario”. De allí su premisa: el cine no puede depender del gobierno ni de los interés de los políticos.