Aunque en 23 estados de la República Mexicana la interrupción voluntaria del embarazo ya ha sido despenalizada, el acceso efectivo a servicios seguros y de calidad continúa marcado por profundas desigualdades.
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A pesar de los avances legislativos y del precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en diversas entidades el aborto sigue tipificado como delito y únicamente se permite bajo causales específicas, como violación, riesgo para la salud de la madre o malformaciones graves del feto. Los estados que aún no han modificado su legislación son Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Querétaro y Morelos.
Redes de acompañamiento: un apoyo clave
En este contexto, las redes de acompañamiento han desempeñado un papel fundamental para garantizar que mujeres y personas gestantes puedan acceder a abortos seguros, especialmente en entidades donde el apoyo institucional es insuficiente.
Una de estas organizaciones es Telefem, que ofrece consejería sobre aborto y conecta a usuarias con profesionales de la salud para procesos seguros avalados por la OMS. “Las barreras persistentes que enfrentan muchas personas gestantes tienen que ver con la despenalización estatal y el acceso institucional, donde se perciben profundas desigualdades entre entidades federativas y sus implicaciones para el derecho a decidir”, señala Paula Rita Rivera Núñez, gerente de Operaciones de Telefem.
Panorama actual
- En 2024, el consumo de servicios relacionados con aborto en instituciones públicas alcanzó 71,989 atenciones, de las cuales más del 80 % se concentraron en la Ciudad de México, según datos del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH).
- Estados como Guerrero, Veracruz y Quintana Roo reportan avances en cobertura, aunque aún insuficientes.
- En el Estado de México, persisten obstáculos como proveedores que niegan el servicio, requisitos arbitrarios, estigmatización y discriminación.
- Los estados más marginados presentan peores indicadores de mortalidad materna por aborto y menor oferta institucional.
Retos pendientes
El mapa del aborto en México refleja que, aunque la despenalización ha avanzado, el acceso universal y equitativo sigue siendo un desafío. Para Telefem, garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) implica no sólo disponibilidad en todas las entidades que han modificado su legislación, sino también asegurar acompañamiento emocional, psicológico y legal para las personas gestantes, especialmente en contextos vulnerables.
“En un esfuerzo por garantizar el acceso universal y la mejora de la calidad de los servicios de salud reproductiva y materna, incluido el aborto, hacemos un llamado a garantizar el derecho a decidir con equidad”, concluye Paula Rita Rivera.