A casi 100 días del gobierno de Chiapas, que asumió el aliancista Eduardo Ramírez Aguilar en e, es el fiscal general de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca, quien celebra -y contundentemente asegura no ser ‘un fiscal carnal’- que la administración del mandatario estatal haya salido al combate frontal para devolver la “paz y la seguridad a los chiapanecos”.
En entrevista con Crónica con motivo de la presentación de su libro ‘La Paz como derecho humano’ que realiza este viernes en la Ciudad de México, Llaven Abarca, que pertenece al PVEM, no le da vueltas a decir que hubo una redefinición de la estrategia contra quienes vieron la oportunidad con los “abrazos, y no balazos” -que ya no pregona la 4T de AMLO- para lastimar la vida cotidiana en muchos de los 120 municipios de Chiapas, con delitos de alto impacto, entre ellos, principalmente, homicidios, robo de autos y extorsiones.
- ¿Era insostenible seguir con ‘abrazos, y no balazos’?
-Lo insostenible era permitir que se continuara con altos índices de violencia e inseguridad generados por delitos de alto impacto como sí, los homicidios, que lamentablemente comenzaron a registrase en 2024. Con la llegada del gobernador, y desde antes de que asumiera el gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar trabajó en una estrategia integral. Sí, atención a las causas, pero era necesario un combate frontal a la delincuencia que ya había desplazado hacia Guatemala a familias de comunidades indígenas. Yo celebro esa estrategia en la que se priorizan los derechos humanos, por una mayor inclusión de todos los sectores. Educación, empleo, acceso a la salud…
-¿Qué cifra real tiene de ese desplazamiento interno forzado, porque no sólo ha sido hacia la frontera, con estados vecinos, pero donde también hayan violencia?
-Sí, son al menos 800 familias que ya regresan a sus lugares de origen, principalmente indígenas, de municipios donde la delincuencia estaba cometiendo extorsión, homicidios, la gente se está reincorporando a sus actividades, como el empleo. Y muy importante decir, el regreso a clases que ya era parte de este problema. La estrategia integral ha dado avances, está dando resultados con Eduardo Ramírez, pero eso no quiere decir que ya estemos bien, por supuesto hace falta mucho por hacer aún.
-Pero la seguridad pública está implicada con la generación de violencia. Un reciente operativo arrojó 21 detenidos, policías, un comandante. El estado, los municipios carecen de policías.
-Se está limpiando a las policías, por eso esos operativos, pero se está también incentivando el compromiso con la seguridad pública, con un aumento a los salarios.
-¿Cuánto percibe un policía?
-Hablamos de 16 mil pesos mensuales. Es lo que debe estar percibiendo como mínimo un policía. Por mucho, Chiapas está por arriba de la media nacional en ese rubro.
-Abatir la delincuencia también representa más detenciones, más gente en la cárcel en promedio, ¿cuál es esa cifra de gente que va a la cárcel? ¿Tiene Chiapas la capacidad para atender a la población privada de la libertad?
-Estamos llegando al límite, pero sí tenemos capacidad aún. Estamos llegando al límite de la capacidad para tener a presos
-¿Juicios abreviados o cuál es el método de investigación de la fiscalía a su cargo para definir las sanciones en las conductas delictivas?
-Por supuesto que aplicamos las medidas que no marca la constitución. Las salidas alternativas, pero principalmente buscamos que se haga justicia. No buscamos llevar más gente a la cárcel, pero hay delitos que lo ameritan, como el homicidio.
Y destacó además que el actual gobierno también ha puesto atención en las carreteras. En dos, que eran ya foco de delincuencia, y de mucha inseguridad.
“Se está interviniendo. Como en Chicomuselo, como en Motozintla, en diversos municipios fronterizos, donde se detectó la incidencia delictiva.
-Chiapas también tiene feminicidios, ¿cuál es la estrategia de contención?
-Ocurre mucho en los pueblos originarios, usos y costumbres, principalmente porque el machismo está arraigado y es parte de la estrategia, de ir a las comunidades, porque también hay que combatir el abuso sexual que hay contra menores de edad.
La solicitud de desafuero, el caso Cuauhtémoc fue tema político, y no legal
El fiscal chiapaneco Jorge Luis Llaven Abarca también responde sin rodeos sobre el debate en el pleno de la Cámara de Diputados respecto a la negativa de la solicitud de iniciar un proceso de desafuero al legislador morenista Cuauhtémoc Blanco por presunto abuso sexual.
-Su partido, el PVEM, representado en San Lázaro, votó en contra de abrir, tan sólo abrir, la posibilidad de quitarle la inmunidad penal al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
-No conozco todos los detalles del caso, pero la Sección Instructora debió hacer un análisis más profundo. Fue tema que llevó más al plano político que de lo legal. Las víctimas deben ser atendidas, no dejar de lado sus denuncias.
En el libro de su autoría ‘La Paz como derecho humano’ que presenta en la Ciudad de México por invitación de Nashieli Ramírez, que encabeza la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, el fiscal chiapaneco expone: “Sólo mediante un enfoque integral y colaborativo que aborde las causas estructurales de manera simultánea podrá México avanzar hacia una paz positiva. Este proceso, que aún está en construcción, exige un compromiso sostenido y coordinado entre las instituciones del Estado y la sociedad en general, en aras de transformar los retos en oportunidades para un México más justo y pacífico”.