Con el lema de “Seguridad con bienestar”, el Gobierno de Puebla reactivó el programa de revista vehicular 2025, una medida que no se realizaba desde hace más de una década, pero que es obligatoria por ley. Esta acción forma parte del plan de reordenamiento y modernización del transporte público impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, quien destacó la importancia de recuperar el control institucional sobre un sector que, por años, operó sin regulación efectiva.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, informó que en las primeras dos semanas del programa se revisaron 1,743 unidades en la capital del estado, entre taxis y unidades del transporte colectivo. La revisión incluye aspectos físico-mecánicos, documentales y administrativos, y tiene como objetivo detectar irregularidades, mejorar la seguridad de los usuarios y depurar concesiones inactivas o en desuso.
“Estamos dando oportunidades reales para que todas y todos los concesionarios puedan regularizarse. Este programa no es solo un trámite, es una medida de seguridad que protege la vida de conductores y pasajeros”, señaló Tanús.
La funcionaria detalló que, además de las inspecciones en la capital, el operativo se extenderá a 38 municipios sede del interior del estado a partir del 21 de julio, lo que permitirá descentralizar el proceso y evitar traslados innecesarios. Las unidades que no aprueben en la primera visita podrán repetir la revisión sin costos adicionales.
Asimismo, el gobierno estatal trabaja con esquemas de financiamiento y subsidios para apoyar la renovación de unidades. Aunque hasta el momento solo se han concretado créditos para cinco taxis y cinco autobuses, ya se ha atendido a más de 500 transportistas interesados en modernizar su flota. La segunda fase del financiamiento incluirá la participación de Nacional Financiera y un banco alemán.
Depuración y reorganización del sistema
Uno de los hallazgos más relevantes del programa fue la detección de miles de concesiones inactivas o irregulares. De las 34 mil registradas, se presume que más de la mitad podrían no estar operando legalmente. Tanús explicó que tan solo el mes pasado se dieron de baja más de 1,600 concesiones con placas depositadas, algunas con hasta 18 años sin actividad.
“Nos hemos encontrado con casos de personas que se presentan con placas pero sin vehículo, lo cual evidencia la necesidad de ordenar el sistema desde su base”, agregó.
El gobierno también anunció que se realiza un estudio integral de movilidad en toda la zona metropolitana de Puebla, con el fin de rediseñar las rutas de transporte público, corregir duplicidades y llevar el servicio a zonas habitacionales y centros educativos donde hoy no existe cobertura adecuada. Según las autoridades, el último estudio de este tipo se hizo hace más de 12 años.
Movilidad como política social
Durante la conferencia, el gobernador Armenta defendió la iniciativa como parte de una visión más amplia que articula movilidad, seguridad, desarrollo urbano y bienestar social. El mandatario hizo énfasis en que la movilidad no solo se refiere a rutas y concesiones, sino al derecho de la ciudadanía a desplazarse con seguridad, eficiencia y dignidad.
En este sentido, el gobierno planea cerrar el sexenio con 500 kilómetros de ciclovías conectadas, muy por encima de los 50 km existentes, los cuales, según el mandatario, están fragmentados y no sirven como rutas funcionales.
Además, se avanzará en la regulación de moto taxis, el impulso al transporte eléctrico y la consolidación de un sistema libre de corrupción y amigable con el medio ambiente, especialmente en zonas de alta movilidad.
“El transporte actual en Puebla nos da vergüenza, y los poblanos no merecen viajar en esas condiciones. Por eso estamos comprometidos con una transformación profunda”, expresó el gobernador.
La reactivación de la revista vehicular y el rediseño del transporte forman parte del proyecto de gobierno denominado “Seguridad con bienestar”, que busca atender las causas estructurales de la inseguridad a través de la inversión en movilidad, salud, deporte, cultura y tecnología.
El mensaje fue claro: ordenar el transporte es una prioridad, y no se trata de castigar a los concesionarios, sino de construir un sistema más justo, eficiente y humano para todos los poblanos.