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Negativa de conciliación, pone en riesgo finanzas del municipio de Cuauhtémoc

Chihuahua

Basurero en Cuauhtémoc

Basurero en Cuauhtémoc

Especial

La negativa del secretario del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Chihuahua, Rafael Cavazos Aragón, para conciliar en el conflicto que enfrenta el municipio, por la demanda interpuesta por los corporativos DKDA y KEF por la rescisión de concesión, para la recolección y disposición final de residuos sólidos en un relleno sanitario, pone en riesgo las finanzas del ayuntamiento, que deberá indemnizar a las empresas con más de 450 millones de pesos.

Lo anterior está establecido en la vigésimo tercera cláusula del contrato, concerniente a “responsabilidades”, que advierte: “si el municipio, sin causa justificada decreta la revocación o rescisión de la concesión, indemnizará al concesionario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 del código municipal para el Estado de Chihuahua”.

En la contestación de la ampliación de demanda, el Ayuntamiento se opuso a los medios alternos de solución de conflictos, a pesar de que la parte acusadora los solicitó, además, en el expediente 038/2023-2 del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), consta que el gobierno municipal renunció de manera exprofesa a la conciliación.

De acuerdo con fuentes enteradas del conflicto, la concesión se detuvo por injerencia del ex gobernador Javier Corral, ahora candidato de Morena al Senado, al comprometer 12 millones de pesos para un relleno sanitario, recursos que nunca otorgó, lo que alentó al gobierno municipal a violar y desconocer la concesión otorgada a los corporativos DKDA y KEF.

Asimismo, destacaron que el Ayuntamiento nunca tomó en consideración el proceso legal para la rescisión de la concesión, ni procedieron a la indemnización de los corporativos ambientales, como marca la ley.

En el expediente 038/2023-2, el (TEJA) califica como “un acto de temeridad y mala fe”, el hecho de que el ayuntamiento haya planteado conceptos de impugnación erróneos, en el juicio interpuesto por DKDA y KEF. Debido a la complejidad jurídica del caso, la resolución que debió darse a finales de febrero, se amplió 30 días hábiles más, para dictar sentencia definitiva.