En 1992, una parte de Guadalajara, literalmente, voló por los aires. Un sector completo destruido por la fuga de combustible de Pemex hacia el sistema de drenaje. 

De acuerdo al Colegio de Jalisco, los puntos más relevantes del dictamen de la PGR fueron:

Era gasolina. La explosión tuvo su origen de un escurrimiento “casi vertical” de gasolina fugada de las inmediaciones de una planta.

Para la explosión fue importante la “fisonomía del colector” que estancó desechos industriales y domésticos, especialmente en los tramos de mayor diámetro donde también pudieron alojarse “grandes volúmenes gaseosos” de hidrocarburos fugados.

Que la gasolina entró a la red de drenajes por una tubería de descarga localizada bajo el poliducto.

Que el agujero por donde se supone se fugó la gasolina se debió a un proceso de corrosión ocasionado por meses e incluso años de desgaste. Se sabría más tarde que dos tuberías estuvieron rozando entre sí.

Se responsabilizó a la empresa San Pablo, encargada del desarrollo habitacional del Álamo Industrial, de colocar la tubería junto al poliducto de Pemex.

Los lesionados que aún esperan

Un grupo de 50 personas que resultaron con afectaciones en su salud por las explosiones del 22 de Abril, exigieron al gobierno de Jalisco que se les trate sin diferencias, ya que ellos reciben atención médica, pero no se les otorgan medicinas, ni tienen derecho a estudios clínicos, por lo que ellos tienen que pagarlos, informó Soledad Jiménez, vicepresidenta de la agrupación Afectados del 22 de Abril.

El Fideicomiso de Apoyo y Solidaridad Social (Fiass) que otorga apoyo económico a 52 lesionados sobrevivientes del estallido del colector en el sector Reforma, les da atención médica, estudios clínicos, aparatos ortopédicos y medicinas a sus integrantes. Sin embargo, hay otros 50 sobrevivientes que únicamente tiene derecho a la consulta médica en el Hospital General de Occidente, pero ellos deben costear sus medicamentos.

Soledad Jiménez, vicepresidenta del grupo Afectados del 22 de Abril, dijo que esa diferencia se aplicó a partir de esta Administración estatal, por lo que exigen igualdad en el trato.

“¿Qué es lo que pasó?, que ahora nosotros tenemos que comprar nuestros medicamentos, nos dividieron en algo que nos corresponde a los dos grupos. Fuimos afectados por las explosiones, sufrimos lesiones. Su servidora vivía en la esquina de Río Bravo y Los Ángeles, ahí dio vuelta la explosión para seguir a la calle de Gante”, expresó.

Desde 1998, cuando se integró el Fideicomiso de apoyo a lesionados, han fallecido ya 26 personas y sobreviven 52 afectados.

La señora Soledad Jiménez, quien camina con la ayuda de un bastón, explicó que antes se les daba un tarjetón de citas médicas, con un sello de que pertenecían al “Programa 22 de Abril del Hospital General de Occidente”, sin embargo, les dieron otro tarjetón sin sello, ni identificación alguna.

“Es lo que que estamos solicitando, la atención médica integral. No nos dividan en la atención médica integral. No nos manden, nos dan la receta y nos mandan a surtirla al Insabi. El Insabi no tiene nada que ver, eso es del presidente de la república, no de nosotros, estamos hablando de un estado y aquí que quede claro, respetamos a nuestros compañeros fideicomisarios, respetamos su Fideicomiso, no lo estamos peleando de ninguna manera, pero sí la atención médica integral, al igual que a ellos”, dijo.

Los 50 lesionados sin derecho a medicinas, ni estudios clínicos, insistirán en sus peticiones con el actual gobierno estatal o con el que entre a finales de este año, tras las votaciones del 2 de junio.