Militarizar funciones civiles debilita la gobernanza: ONU Derechos Humanos

El incremento de la participación militar en funciones civiles básicas debilita la gobernanza democrática, expuso Guillermo Fernández-Maldonado Castro representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el foro “La militarización de la seguridad, sus víctimas y denunciantes” organizada por el Iteso. 

Guillermo Fernández-Maldonado hizo un recuento histórico del proceso de militarización en México, iniciado en el sexenio de Felipe Calderón, en el que los relatores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la propia oficina del Alto Comisionado, han señalado desde 2014 que, de mantener la militarización, se iban a incrementar las violaciones a los derechos humanos.

En 2016 se repitió la visita de los relatores y se abordó los problemas derivados de una prolongada militarización, se ratificó directamente que no había rendición de cuentas ni acceso a la justicia.

“Ninguna norma o estándar internacional de derechos humanos promueve una expansión de funciones militares en el gobierno civil. Nuestra oficina, ONU Derechos Humanos, ya ha expresado su preocupación por la permanencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad”, expresó.

Refrendó las palabras de la Alta Comisionada de la ONU Derechos Humanos, Michell Bachelet, al expresar que cualquier uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser estrictamente excepcional, con una supervisión eficaz. 

“Para ONU Derechos Humanos la legislación mexicana y cualquier decisión gubernamental sobre el rol de las fuerzas armadas en la vida pública, debe guiarse y tener plena coherencia con las normas y estándares internacionales que apuntan al acotamiento de la participación militar en el tema de seguridad pública y por extensión a otras funciones que corresponden a autoridades civiles”, sentenció Guillermo Fernández-Maldonado.

Informó que vendrán a Jalisco relatores de la CIDH en materia de personas desaparecidas para analizar el problema que hay en el estado, donde se reportan poco más de 14 mil casos de personas desaparecidas, y añadió que, si bien las resoluciones que se emitan no son de carácter obligatorio en su cumplimiento, sí tienen peso en la comunidad internacional de manera ética, además de que se publican con señalamientos directos en contra de los funcionarios que no hacen su trabajo.