BúsquedaEn definitiva, no es una buena medida legalizar vehículos usados de procedencia extranjera que ingresan de contrabando a nuestro país y que se les conoce como “autos chocolate”. La regularización autorizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación afectará la venta de autos, nuevos, usados y hasta la venta entre particulares; también perjudicará a los ciudadanos y al pago de impuestos federales y estatales, así como el medio ambiente.
Para nadie es un secreto que este tipo de unidades chatarra, se desechan en Estados Unidos porque ya terminaron su vida útil y no cumplen con las especificaciones técnicas para seguir en circulación. Tampoco se engaña a nadie porque está claro que el trasfondo es recaudatorio, siendoque al parecer no hay dinero que alcance para cubrir las obras faraónicas del presidente, y en ese sentido la recaudación es otra forma de hacerse de recursos públicos para seguir financiando esos dispendiosos proyectos.
El Decreto, publicado el lunes 18 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entró en vigor al día siguiente, no hace precisiones acerca de si los autos “chocolate” tendrán que cumplir con determinadas características de antigüedad para recibir el registro legal, solo refiere que la regularización aplicará para aquellas unidades automotores que ya estén en circulación dentro de territorio nacional al momento de publicación del decreto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), “establecerá las facilidades administrativas necesarias para que la personas físicas (…) realicen las acciones legales para la aplicación del decreto”, refiere el documento pero sin precisar en qué consistirán dichas facilidades.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se coordinará con los gobiernos de los siete estados participantes para realizar el proceso de identificación y registro de los vehículos, de forma tal que estos cumplan con la importación definitiva.
El decreto no se refiere al permiso que tendrán que pagar los propietarios y que el gobierno federal ha informado que costará 2,500 pesos por unidad.
Los ingresos que se recauden por el registro de los autos “chocolate” tendrán el uso que indique la Ley de Ingresos de la Federación de 2022, y que el gobierno ha dicho que será el bacheo y acondicionamiento de vialidades en municipios de los siete estados considerados.
Ahora bien, de acuerdo a la publicación del portal Fortuna y Poder, no se ejerce ninguna medida de control en cuanto a la calidad de los vehículos que se van a regularizar. Se venden en grandes subastas miles de unidades. Empresas especializadas reciben los desechos de las aseguradoras que liquidaron la pérdida de los vehículos a sus propietarios por diversos siniestros y que afectan sus condiciones mecánicas y que, conforme a las normas de Estados Unidos, no pueden regresar al parque vehicular”, comentó en entrevista Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)sobre el origen de los autos “chocolate” que llegan a México.
En suma, “son vehículos de desecho, cuyo único canal de colocación es desamarlos para reciclarlos en la industria acerera o mecánica o bien para exportarlos a regiones con debilidades institucionales como África, Centroamérica y México”, agrega el representante empresarial.
Guillermo Rosales recordó que los autos “chocolate” incumplen con las formalidades de los procedimientos aduaneros al llegar al país, conforme al Código Fiscal Federal, lo que resulta en un delito de contrabando de mercancías.
El resultado del decreto, que entró en vigor la semana pasada, consistirá en que las ventas de autos nuevos y usados en el mercado legal pueden disminuir, además de que el mercado resentirá una reducción de precios, ya que al existir mayores inventarios de autos, quienes quieran vender sus vehículos usados por la vía legal no podrán colocarlo en el precio que esperan.Lo anterior, sin olvidar el grave impacto ambiental por la circulación de unidades en malas condiciones técnicas.