BúsquedaPara escribir este artículo, me di a la tarea de leer el Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1917, documento histórico donde se plasman los intensos y elevados debates de los diputados encargados de construir la Constitución que aún hoy rige a México, aunque severamente reformada.
Resulta apasionante comprobar el nivel de preparación jurídica, política y ética de aquellos constituyentes, muchos de los cuales eran litigantes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o destacados juristas de la época.
Un aspecto que resalta de manera especial es que, pese a las diferencias ideológicas —algunas irreconciliables— todos los diputados compartían un objetivo común: construir la mejor Constitución posible. Como señala Ignacio Burgoa Orihuela en el Constituyente de 1917 realizó “una hazaña jurídica sin precedentes en América Latina”, creando una Constitución social avanzada para su tiempo, y con fuerte inspiración en principios de división de poderes, garantismo y soberanía popular.
Entre los temas discutidos estuvo la necesidad de establecer requisitos mínimos de edad, experiencia y formación para los diversos funcionarios de alto nivel, incluyendo ministros, secretarios de Estado y magistrados. Esto obedecía a una lógica de mérito, no de compadrazgo ni de cuotas políticas. Como señaló en su intervención el constituyente Pastor Rouaix, la experiencia y preparación de los funcionarios era indispensable para la solidez institucional y el buen funcionamiento del Estado (Diario de los Debates, 1917).
El Desmoronamiento de las Instituciones: Compromisos y Corrupción
Contrastando este espíritu con la actualidad, es doloroso observar que nuestras instituciones hoy se encuentran profundamente comprometidas, no por ideales revolucionarios, sino por intereses oscuros. La infiltración del crimen organizado en la vida política es una realidad creciente, como han denunciado abiertamente figuras como el Senador Gerardo Fernández Noroña y, recientemente, la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con reportes de diversos medios de comunicación, diversas candidaturas para integrar el nuevo Poder Judicial están siendo ocupadas por personajes con vínculos comprobados con grupos delictivos. Esta situación vulnera no solo la imparcialidad del sistema de justicia, sino que erosiona el principio esencial de la división de poderes consagrado en los artículos 49 y 116 de la Constitución.
Nos encontramos así ante una paradoja alarmante: el proyecto de la Cuarta Transformación, que se anunció como un esfuerzo para regenerar la vida pública de México, podría estar derivando, en los hechos, en un proceso de captura institucional que recuerda los primeros pasos de los regímenes autoritarios del siglo XX.
¿Qué está pasando con la Cuarta Transformación?
La llamada Cuarta Transformación prometió ser una revolución moral y política comparable a las tres grandes transformaciones históricas de México (Independencia, Reforma y Revolución). Sin embargo, la cooptación del Poder Judicial por intereses políticos y, peor aún, criminales, plantea interrogantes graves sobre si nos encaminamos más bien hacia una nueva dictadura —más sutil, pero igualmente corrosiva—, donde el poder ya no esté balanceado entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino concentrado en una élite que controla las tres esferas.
Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de México. Montesquieu, en El espíritu de las leyes (1748), advirtió que “todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él” y que solo mediante la separación efectiva de poderes se puede preservar la libertad de los ciudadanos. La amenaza actual radica en que esta separación, laboriosamente establecida en 1917, está siendo erosionada.
El Debate Constituyente sobre el Poder Judicial
Durante el Constituyente de 1917, existió un amplio debate sobre si el Poder Judicial debía ser designado por elección popular o mediante mecanismos meritocráticos. Mientras algunos constituyentes, influenciados por el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau y su concepción de la soberanía popular, proponían una elección democrática de jueces, otros —como Emilio Rabasa— sostenían una postura más escéptica, considerando al Poder Judicial como un órgano técnico que requería selección profesional y autónoma, no expuesta a las pasiones electorales.
Finalmente, prevaleció una fórmula de equilibrio: los Magistrados jueces federales y locales serían nombrados mediante procesos internos y por méritos profesionales, buscando proteger su independencia de los vaivenes políticos. Así, se consagró en los artículos 94 y 97 constitucionales el principio de autonomía judicial.
Hoy, este equilibrio histórico se ve amenazado por propuestas de elección popular de jueces, impulsadas bajo el argumento de “democratizar” la justicia, pero que en realidad podría abrir la puerta a la captura del Poder Judicial por dinámicas populistas o criminales.
Conclusiones
La historia nos enseña que la fortaleza de las instituciones no radica en su origen democrático solamente, sino en su capacidad de actuar con independencia y responsabilidad. La Constitución de 1917 fue el producto de un momento único de lucidez y patriotismo, de debates de altura que hoy parecen lejanos.
Ante el peligro real de que nuestras instituciones caigan en manos de intereses ajenos al bien común, es urgente recuperar el espíritu de aquellos constituyentes: la defensa de un Estado de Derecho fuerte, autónomo y libre de corrupción. De lo contrario, la Cuarta Transformación puede convertirse en la Cuarta Degradación de la República.
Dr. Manuel Estévez, doctor en derecho