La ciudadanía mexicana enfrenta hoy una paradoja jurídica y política de gran calado: por primera vez en la historia reciente se nos convoca a votar por integrantes del Poder Judicial de la Federación. Lo que se presenta como un ejercicio inédito de participación democrática podría ser, en realidad, un mecanismo diseñado para encubrir un proceso de captura institucional.
¿Estamos frente a un ejercicio de soberanía popular o ante una legitimación anticipada de decisiones tomadas desde el poder? ¿Es posible hablar de democracia cuando el voto se ejerce sin información, sin opción real y sin transparencia?
Lo primero que debe señalarse con claridad es que no se votará por ministros de la Suprema Corte ni por magistrados del Tribunal de Disciplina. Esos puestos ya están determinados. Tienen nombre, apellido y alineamiento político. La elección abierta al voto ciudadano se limitará a jueces de distrito y magistrados federales. Pero aquí emerge la primera trampa: nadie conoce a los candidatos.
Reto a cualquier ciudadano a nombrar a unos 3 o 4 aspirantes. La lista será larga, pero los perfiles son anónimos. No hay biografías públicas, no hay exposición de ideas, no hay mecanismos reales de evaluación. En estas condiciones, votar no es participar: es validar una estructura cerrada bajo el disfraz de apertura.
El juez no debe ser popular, debe ser independiente
A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo —donde incluso celebridades pueden competir con éxito— el Judicial exige otra naturaleza. La justicia no puede ni debe someterse al juicio de la popularidad. Un buen juez no es el más conocido, sino el más capacitado, el más íntegro, el más valiente frente al poder.
En países con sistemas jurídicos sólidos, los jueces se eligen mediante exámenes, concursos y estrictos filtros institucionales. Son producto de años de formación, no de campañas políticas. La figura del juez debe resistir el aplauso. La legitimidad de un juez no emana del voto ni de su nombramiento, sino de la calidad, independencia y solidez de sus sentencias.
Pero esta reforma pretende justo lo contrario: disolver la carrera judicial y abrir paso a perfiles seleccionados desde el poder, no desde el mérito.
La lógica invertida: el actuario más preparado que el ministro
La contradicción más brutal es la siguiente: recientemente se abrió la convocatoria para ocupar el cargo de actuario judicial. Los requisitos son técnicos, exigentes y específicos. Mientras tanto, los criterios para acceder al cargo de ministro de la Suprema Corte, bajo esta reforma, son notoriamente más laxos.
¿Cómo puede explicarse que el Estado mexicano exija más para quien notifica que para quien interpretará la Constitución? Como recordaría Aristóteles, “una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo”. Esta inversión del orden jurídico no es torpeza: es una estrategia para facilitar la captura del órgano más importante del sistema judicial.
Mientras se debilita la técnica jurídica, se fortalece la maquinaria política. El grupo en el poder articula una red de estructuras —IMSS, CFE, sindicatos, universidades— destinadas a garantizar votos masivos, dirigidos, alineados. No se promueve el debate ni la deliberación. Se opera el control.
En palabras de Ezra Shabot, analista político:
“Esto no es una reforma para fortalecer la justicia, sino para controlarla. Se trata de estructuras, sobre todo de la 4T, tratando de apoderarse del Poder Judicial”. (MVS Noticias, mayo de 2025).
La intención es clara: someter al poder que debería contener al poder. Y esa operación se disfraza de participación ciudadana.
El llamado de Ferrajoli: coraje judicial ante el poder
La voz del jurista italiano Luigi Ferrajoli, uno de los más reconocidos teóricos del garantismo, no deja lugar a dudas. En entrevista con Proceso, afirmó:
“Los jueces deben tener la posibilidad e incluso el coraje de emitir sentencias no populares e independientes de los intereses políticos. Esto garantiza el respeto entre el Poder Judicial y los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) y permite mantener vivos los gobiernos democráticos”.
Lo que se pone en juego no es un cambio de nombres. Es la posibilidad misma de que exista justicia en el futuro.
Lo más alarmante es que muchos de los candidatos que podrían figurar en las boletas no representan una renovación judicial, sino una profundización de la captura. Son figuras sin trayectoria, sin compromiso institucional, sin independencia. No son garantes del derecho, sino piezas de obediencia. No disrumpen: le dan más agua al caldo.
En este contexto, la abstención deja de ser apatía y se convierte en una forma legítima de resistencia democrática. Votar en una elección vacía de contenido, previamente definida y sin posibilidad real de elección, no es un acto de libertad: es una forma de sumisión.
La ciudadanía debe entender que el voto no es un rito vacío. No todo sufragio es legítimo. Y no toda urna representa soberanía.
La justicia no se elige en las urnas. Se construye con instituciones fuertes, procesos imparciales y jueces con valor.
Finalmente: ¿Cómo se va a aplicar la ley a partir del 1 de septiembre de 2025? ¿Con justicia o con popularidad?
Dr. Manuel Estévez Méndez, doctor en derecho