Para los ciudadanos de a pie, la corrupción más evidente es la que golpea directamente nuestro bolsillo: la “mordida” que pide un agente de tránsito o la necesidad de un pago indebido para agilizar un trámite, incluso ante el Ministerio Público o el Poder Judicial. Sin duda, estas situaciones erosionan nuestra confianza y afectan directamente nuestra economía.
Sin embargo, detrás de esta corrupción visible y frecuente, se esconde una amenaza mucho más insidiosa y devastadora para nuestra sociedad: la gran corrupción. Esta opera en las sombras, en las altas esferas del poder, entrelazando a actores del sector público y privado para distorsionar políticas, saquear recursos y beneficiar a unos pocos a costa del bienestar de todos.
Esta gran corrupción, se manifiesta manipulando o incluso simulando licitaciones públicas, la concesión de contratos inflados, la aprobación de leyes a modo o el rescate de empresas con dinero público. Todos y todas podemos recordar más de uno de estos casos, y que fueron del conocimiento público hasta que fueron expuestos a través del trabajo de periodistas y medios de comunicación. Aquí, la corresponsabilidad del sector privado no es solo un factor, sino un componente indispensable.
Empresas, muchas de ellas con renombre, se involucran activamente en estas tramas, ya sea ofreciendo pagos ilícitos, financiando campañas políticas a cambio de favores futuros, o utilizando redes de influencias para asegurar beneficios indebidos. Esta complicidad corporativa transforma la corrupción de un acto individual a un modelo de negocio, donde la competencia justa se anula y la innovación es reemplazada por el tráfico de influencias, tejiendo una red invisible pero poderosa que desvía el rumbo del desarrollo nacional.
La consecuencia de esta colusión público-privada es catastrófica. Los recursos destinados a escuelas, hospitales o infraestructura vial, que deberían mejorar la calidad de vida de todos, terminan en bolsillos privados, condenando a millones a la falta de servicios básicos. La calidad de los proyectos se reduce, las obras quedan inconclusas y la deuda pública se dispara, hipotecando el futuro de las nuevas generaciones.
El reciente caso de Birmex es un ejemplo. La empresa estatal encargada, entre otras cosas, de la distribución de medicamentos y vacunas fue señalada por la Secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, por irregularidades de más de 13 mmdp en contratos de compra de medicamentos, y que solo fueron posibles por la confabulación de empresas privadas. Estas no solo aceptaron condiciones ventajosas o se beneficiaron de la opacidad, sino que su intervención fue necesaria para la ejecución de contratos y la logística que generó los problemas de abasto y las críticas sobre el uso de recursos públicos, impactando directamente la salud y el bienestar de millones de mexicanos.
No podemos exigir honestidad solo del lado público si el privado no asume su parte en la ecuación, estableciendo controles internos rigurosos, denunciando actos ilícitos y promoviendo una cultura de legalidad. La integridad empresarial es, en este contexto, no solo un valor ético, sino una condición sine qua non para el progreso y la justicia social.
*Laura Elisa Morales, es Licenciada en Derecho, Maestra en Ciencias Políticas y Gestión Pública, y Doctora en Derecho. Actualmente, es Presidenta del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.