En abril de 1967, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz creó el Sistema de Transporte Colectivo, entre otras cosas, para construir el trasporte masivo del Distrito Federal.
El ahora metro de la Ciudad de México fue inaugurado en 1969 como el icono de la mayor obra de infraestructura de trasporte público en la capital mexicana y su área metropolitana, el cual, cada día traslada en promedio a 4 millones de personas con sus 12 líneas y 226 estaciones.
En el metro se percibe la realidad mexicana, es posible recibir todo tipo de impresiones y sentimientos, como el esfuerzo, la perseverancia, la ilusión, el amor, la familia, pero, sobre todo, el ánimo para seguir adelante. Es un espacio donde nos miramos a nosotros mismos.
Encuentro cierta semejanza con las elecciones, las decisiones mayoritarias (no necesariamente la decisión unánime de todas las personas) marcan el rumbo del país y generan diversas impresiones y sentimientos a quienes viven en democracia. Las elecciones también son un espacio para conocernos mejor.
Esta paradoja nos obliga a enfrentar algunas de las primeras evaluaciones sobre las pasadas elecciones de personas juzgadoras, las cuales, hace unos días, dieron un paso importante con el pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral respecto de la calificación de la elección.
Algo realmente inédito es ver a la autoridad administrativa electoral nacional prácticamente dividida en la decisión (6 votos a favor y 5 votos en contra).
Hay que recordar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es quien realiza la declaración de validez de las elecciones y entrega las constancias de mayoría a las candidaturas que resultan ganadoras.
Su tarea es analizar todas y cada una de las actividades llevadas a cabo por las distintas autoridades, personas aspirantes, candidaturas, y la ciudadanía en general, a fin de determinar si las elecciones son acordes a la Constitución y las leyes que las definen, e incluso, analizar si éstas cumplen ciertos principios reconocidos en los instrumentos internacionales de los que el país es parte, bajo el estandarte de la salvaguarda y promoción de los principios fundamentales de las personas.
Tampoco olvidemos que tenemos reglas nuevas y que la renovación del Poder Judicial (a partir de septiembre de 2024) debe ser a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, además, el acceso de las personas ciudadanas al ejercicio de este poder público debe darse mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, valores que tienen que cumplirse, mínimamente, para acreditar la legalidad de una elección.
En el caso, el Instituto Nacional Electoral verificó lo anterior y, una mayoría de consejerías, concluyó que en este año vivimos una elección libre y auténtica, toda vez que todas y cada una de las etapas del proceso se encontraron apegados a las disposiciones constitucionales y legales, de manera que las acciones emitidas por este Instituto cobraron definitividad y revisten licitud.
En este sentido, la autoridad sostuvo que en las pasadas elecciones existió concordancia entre la voluntad de la ciudadanía y su resultado.
En todo caso, para la mayoría de las consejerías, la presencia de incidentes fue mínima y circunstancial, sin que se acreditara dolo o intencionalidad para alterar la elección, de suerte que no se modificó en lo sustancial la votación recibida, por lo que, tales incidentes no vulneraron los principios de certeza, legalidad y autenticidad del sufragio.
Por otra parte, la minoría de las consejerías sostuvo un punto de vista jurídico opuesto, señalaron la existencia de evidencias de actos realizados por actores externos, que afectaron las pasadas elecciones.
Para ellas, esta elección trajo de vuelta prácticas profundamente antidemocráticas que creíamos desterradas de nuestro sistema electoral, pues se acreditó plenamente: 1) La inexplicable participación del 100% o más de los electores, en un determinado porcentaje de las casillas; 2) Boletas no extraídas de la urna; 3) Casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos, en casillas sin Lista Nominal de Electores; 4) Tiempos de votación muy superiores al periodo de recepción de votos, en un determinado porcentaje de las casillas; y 5) Evidente inducción al voto mediante el uso de “acordeones”.
De igual manera reconocieron que, si bien, estos casos representan un porcentaje relativamente bajo del total de casillas instaladas (más de 84 mil), se trató de conductas y circunstancias sumamente graves que vulneran directamente la certeza de que los votos emitidos en esas casillas reflejen la voluntad ciudadana.
Por ello, la minoría de las consejerías consideró que debía realizarse un análisis cualitativo, pensado a partir de la existencia de los llamados “acordeones” o guías de votación que fueron distribuidos, ya que la totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Tribunal de Disciplina Judicial; la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en cuatro de sus cinco Salas Regionales coinciden con aquellas promovidas en los “acordeones”, lo que necesariamente requirió de uno o varios esquemas de planeación, recursos, organización, logística y, sobre todo, de coordinación de actividades, lo que, a todas luces está prohibido.
De esta manera,para la minoría, existieron condiciones que impiden a la autoridad validar la pasada elección de personas juzgadoras.
Así, una vez expuestas las dos caras de la moneda, lo que nos queda como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la democracia es esperar a la decisión de los órganos jurisdiccionales, quienes tienen la última palabra; no obstante, ante los hallazgos de la autoridad (aunque sean de solo una parte), lo cierto es que, el sistema electoral debe corregirse y evitar que acontecimientos irregulares tengan la mínima cabida en nuestro sistema, ya que pueden poner en duda la legitimidad de los procesos electorales.
También no debemos obviar que en próximas elecciones debe asegurarse el voto de las personas mexicanas residentes en el extranjero; implementarse el voto de personas en prisión preventiva, así como, repensar la objetividad en los topes de gastos de campaña; la exclusión de los partidos políticos para supervisar los actos electorales, así como la efectividad de la autoridad nacional electoral para fomentar la participación ciudadana y el conocimiento oportuno de las candidaturas, asignaturas que se encuentran pendientes.
Confío en que el mirarnos a nosotros mismos, nos permita no solo tomar conciencia de diferencias y faltantes, sino que sea el principio de un esfuerzo conjunto para cerrar brechas y construir un futuro más igualitario para todas y todos.