Imagínese la escena: el secretario de Hacienda, en su trono de escritorio de funcionario poderoso, decide que esta vez los pobres tienen que pagar más para que “la salud pública” pueda respirar. Pero sin preguntarles si tienen aire para respirar, ni si ya usaban ese líquido vital, pues.
Ahora el gobierno federal mexicano propone duplicar el impuesto por litro a las bebidas saborizadas (de $1.6451 a $3.0818). Eso es un aumento del 87 %. Un brutal salto fiscal disfrazado con buenas intenciones: dicen que es por salud (seguramente para que el servicio de salud pública mexicano/danés no se deteriore), y porque la obesidad y las enfermedades crónicas aumentan.
Revisemos los detalles:
- En 2014 ya intentaron algo parecido. Resultado: el consumidor terminó pagando el impuesto completo, y algunas empresas agregaron unos centavitos extra.
- La demanda de refrescos es bastante inelástica, especialmente los más baratos. Eso significa que subir el precio no reduce mucho el consumo, sino que jala más dinero del bolsillo del consumidor que suele ser pobre.
- El supuesto “beneficio” de que esas familias “destinen su ingreso a frutas y verduras” es una fantasía en muchas zonas pobres donde la fruta fresca es cara, escasa o de mala calidad.
En otras palabras: es un impuesto selectivo. No “de los ricos”, no “del que gana más”, sino de los que menos tienen. De esos que ya cuentan y cuidan cada peso para cenar, para transporte, para gas, para medicina.
Las fuertes e incómodas verdades detrás de la propuesta fiscal:
- Este impuesto no nace de un afán sanitario puro: es una medida recaudatoria pura con máscara de “salud pública”.
- Se carga sobre quienes menos pueden soportar impuestos adicionales. Es una política regresiva.
- Ya tenemos evidencia empírica de fracasos similares en México. Insistir en el mismo camino esperando otro resultado es una receta para el error.
- Si el gobierno pretende diseñar políticas de salud, nutrición o bienestar, debe hacerlo con programas complementarios, no con impuestos punitivos que solo castigan a quienes menos tienen.
- Y lo más duro: cuando un gobierno con déficit o ambiciones expansivas impone gravámenes así, revela que no tiene otra fuente creíble de ingresos o voluntad de eficiencia.
Triste se ve el panorama y lo más grave es que aún con estos nuevos impuestos (parecidos a los de “Las ventanas” que intentó aplicar Antonio López de Santana en el sigo19) las calificadoras de deuda nos amenazan con quitarnos el grado de inversión para 2026 debido a que seguimos incrementando el déficit público.
¿En qué se gasta? En el servicio público de salud definitivamente no, en Educación es obvio tampoco, en Infraestructura pública tampoco. ¿Será que lo gastan en más subsidios y gasto “social” (aunque cuando lleguen a una clínica del IMSS termine su existencia por desatención y falta de insumos)? ¿Nos cambiaron servicios de salud pública regulares que teníamos por estos que son de pésima calidad? ¿Nos están dando ahora educación de mala calidad? ¿La infraestructura pública en decadencia?
Bien decía Milton Friedman: “There´s not a free lunch” al referirse que en la economía gubernamental no hay nada gratis y les das ciertas cosas a cambio de quitarles otras.
*Mtro. Luis Alberto Güémez Ortiz / Universidad Panamericana