Después de casi diez años sin una medición nacional en hogares, la publicación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT) no puede leerse únicamente como la actualización de una base de datos. Marca, más bien, el retorno de una mirada estatal sistemática sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Y esto no es un detalle técnico: en política pública, medir no es un acto neutral. Medir es una forma de construir realidad, de delimitar problemas legítimos y de producir poblaciones gobernables.
Las encuestas nacionales no se limitan a describir fenómenos sociales que existirían intactos con o sin ellas. Por el contrario, los constituyen como objetos de saber y de intervención. Cuando el Estado mide, al mismo tiempo selecciona qué cuenta como problema, a quién incluye en la población de interés, qué categorías importan y —sobre todo— cuáles quedan fuera del campo de visión. Medir es un acto político y, en ese sentido, la ENCODAT no “descubre” simplemente a las personas usuarias de drogas: las produce como población estadística, con perfiles, prevalencias, riesgos y trayectorias.
Desde esta perspectiva, la ausencia de la ENCODAT durante casi una década no fue un simple rezago administrativo: fue una suspensión del dispositivo de conocimiento que permite transformar prácticas dispersas en un problema público cuantificable y, por tanto, gobernable. Durante el sexenio anterior, el discurso gubernamental insistió en romper con la “guerra contra las drogas” y en atender las causas sociales del consumo. Pero ese giro retórico convivió con una resistencia persistente a realizar la encuesta.
Esto, porque medir implicaba aceptar la posibilidad de resultados ambiguos o incómodos; implicaba reconocer que el consumo no desaparece por decreto moral ni por la sola existencia de programas sociales. No priorizar la encuesta fue, en este sentido, una forma de evitar la complejidad que los datos introducen en el relato político: la complejidad de las diferencias territoriales, de los cambios generacionales, de los desplazamientos por sexo, y de la tensión entre prevención, tratamiento y control.
Peor aún: cuando el Estado deja de medir, deja también de problematizar públicamente el fenómeno en términos verificables. No es que el consumo desaparezca; lo que ocurre es que se vuelve opaco, difícil de nombrar y, por tanto, difícil de gobernar. En ese vacío, la política pública tiende a replegarse hacia el discurso y la intuición, y la intervención estatal pierde capacidad de ajuste, corrección y aprendizaje.
Aquí conviene detenerse en una dimensión más estructural del problema. Desde una lectura foucaultiana, las encuestas pueden entenderse como tecnologías de gobierno: no son instrumentos destinados a erradicar fenómenos sociales —el consumo no desaparece—, sino a hacerlos legibles y administrables. Al producir series, tasas y distribuciones, permiten intervenir sobre el fenómeno dentro de ciertos umbrales considerados aceptables.
En este sentido, la ENCODAT se inscribe en una lógica biopolítica: desplaza el eje del castigo individual hacia la gestión de poblaciones, de riesgos y de probabilidades. El consumidor deja de ser un objeto de criminalización y pasa a formar parte de una distribución estadística que puede ser objeto de prevención, tratamiento o regulación.
Este desplazamiento, sin embargo, no debe idealizarse. El lenguaje del riesgo, de los factores asociados y de los grupos prioritarios puede convertirse en una forma más sofisticada de control. Medir es también normalizar: establecer qué consumos son tolerables, cuáles problemáticos y cuáles intolerables. Y en efecto, la ENCODAT clasifica, ordena y jerarquiza. Define edades de inicio, distingue entre consumo “alguna vez” y consumo reciente, segmenta por regiones, sexos y grupos etarios. En ese acto de clasificación, el Estado ejerce uno de sus poderes más profundos: el de nombrar y ordenar el mundo social.
Esto nos conduce a una cuestión epistemológica central. El Estado no solo monopoliza la coerción legítima; también monopoliza, en gran medida, las clasificaciones legítimas. Decidir qué es una “droga”, qué sustancias se incluyen, qué periodizaciones importan o qué poblaciones quedan fuera del marco muestral no es una decisión puramente técnica. Es una decisión política con efectos reales. Cambiar una pregunta, añadir un ejemplo o modificar un umbral altera la realidad que se observa. Así, la estadística no funciona como un espejo pasivo de lo social: es una intervención activa en la producción de verdad.
Precisamente por esto, la ENCODAT 2025 debe ser bienvenida, pero no celebrada acríticamente. Su valor no reside únicamente en los datos que produce, sino en lo que hace posible: reabrir el debate sobre drogas desde la evidencia y no desde el prejuicio. Sin embargo, no olvidemos que medir es una condición necesaria —aunque no suficiente— para un cambio de paradigma. Sin medición no hay población; sin población no hay política; sin política, solo queda la moralización o el castigo.
La pregunta de fondo no es si debemos medir, sino para qué y con qué horizonte normativo. Las encuestas pueden servir tanto para disciplinar como para cuidar, para reforzar la prohibición o para abrir la puerta a la regulación. La ENCODAT 2025 vuelve a colocar al Estado frente a esa disyuntiva. La forma en que se use este conocimiento dirá mucho del tipo de política de drogas —y del tipo de Estado— que México está dispuesto a construir.