El presente artículo analiza las implicaciones macroeconómicas para México ante una hipotética escalada en el conflicto en Irán que impulse los precios del crudo a la barrera de los 100 dólares por barril.
A través de un enfoque analítico, se desmitifica la antigua premisa de que un petróleo caro es inequívocamente beneficioso para el país, desglosando los efectos en las finanzas públicas, la inflación, la política monetaria y el crecimiento económico.
La geopolítica de Medio Oriente siempre ha sido un factor de volatilidad para los mercados energéticos globales. La posibilidad de un recrudecimiento en el conflicto que involucra a Irán, un actor clave tanto en la producción como en el control de rutas críticas de tránsito comercial como el Estrecho de Ormuz, plantea un escenario de restricción severa en la oferta global. Si este choque de oferta empuja el precio del barril de petróleo crudo hasta los 100 dólares, la economía mundial enfrentaría un reto mayúsculo.
Para México, la lectura de este fenómeno exige un análisis cuidadoso. Atrás quedaron las décadas de los setenta y ochenta donde México era un país eminentemente petrolero y un alza en los precios internacionales se traducía automáticamente en bonanza fiscal y crecimiento.
Hoy, la estructura económica del país es diferente, profundamente manufacturera y altamente integrada a las cadenas de valor norteamericanas. Por lo tanto, el impacto de un crudo a 100 dólares debe evaluarse bajo la lupa de nuestras realidades fiscales e inflacionarias actuales.
La primera reacción intuitiva es suponer que, al ser México un país exportador de petróleo a través de Petróleos Mexicanos (PEMEX), un incremento en el precio internacional fortalecerá las finanzas públicas. Si bien es cierto que los ingresos petroleros del Gobierno Federal aumentarían por la venta de la mezcla mexicana de exportación, este es solo un lado de la moneda.
La realidad estructural es que México es un importador neto de petrolíferos, particularmente de gasolina y diésel. Cuando el precio del crudo sube a 100 dólares, el costo de las gasolinas de importación se dispara. Para evitar que este incremento se traslade al consumidor final y genere descontento social (el famoso “gasolinazo”), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tradicionalmente recurre a la aplicación de estímulos fiscales mediante la reducción o eliminación de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, e incluso otorgando subsidios directos.
En un escenario de 100 dólares por barril, el costo fiscal de este subsidio neutralizaría o superaría los ingresos excedentes por la exportación de crudo. El resultado es un deterioro en las finanzas públicas, dejando al gobierno con un menor margen de maniobra presupuestal para infraestructura, salud o educación, e incrementando la presión sobre el déficit fiscal.
Incluso con los esfuerzos del gobierno por contener el precio de los combustibles mediante el sacrificio del IEPS, un petróleo a 100 dólares ejerce una presión inflacionaria ineludible. El aumento en los energéticos encarece la logística, el transporte de mercancías y los costos de producción de la industria manufacturera y agrícola.
Este fenómeno se conoce como “inflación por presión de costos”. A diferencia de la inflación generada por un exceso de demanda (cuando la gente tiene mucho dinero para gastar), esta inflación es importada y merma el poder adquisitivo de los hogares mexicanos. Los bienes de la canasta básica, que dependen del transporte terrestre a lo largo del país, sufrirían incrementos de precios, afectando de manera desproporcionada a los deciles de menores ingresos.
Ante un escenario de presiones inflacionarias derivadas de un choque de oferta externo, el Banco de México (Banxico) se vería en una encrucijada compleja. Su mandato único es preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional (controlar la inflación) y si el aumento del petróleo amenaza con “contaminar” las expectativas de inflación a largo plazo, Banxico se vería forzado a mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo, o incluso a elevar la tasa de interés de referencia. Las tasas de interés elevadas encarecen el crédito para empresas y familias, lo que a su vez frena la inversión y el consumo interno.
Un conflicto grave en Irán generaría una alta aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales (fenómeno de *fly-to-quality*). Los capitales golondrinos tenderían a salir de mercados emergentes como México para refugiarse en activos seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense o el oro. Esto provocaría una depreciación del peso frente al dólar, lo cual añadiría un componente inflacionario adicional, ya que las importaciones (bienes de capital, insumos y bienes de consumo) se encarecerían.
Lejos de una bonanza, este escenario obligaría a mantener tasas de interés altas, restringiendo el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y poniendo a prueba la resiliencia de las finanzas públicas.
La lección sigue siendo clara: la verdadera soberanía económica de México no recae en el precio del petróleo, sino en su capacidad para diversificar su matriz energética y fortalecer su recaudación fiscal no petrolera.