Durante el siglo XIX, el Partido Conservador presidido ideológicamente por Lucas Alamán, salió en defensa de esa Iglesia que cuidó, instruyó y dio identidad al mexicano. Entendían los conservadores que mantener orden y la paz cimentados en la fe católica, el modelo político ad hoc era la monarquía; acaso Jesús no tenía el título de rey de reyes; para mantener a México dentro del reino de Dios (y de la Civilización Cristiana) necesitábamos un monarca y de preferencia, uno, como lo solicitaba los tratados de Córdoba, procedente de la familia real española.
Por su parte, liberales, salvo los más radicales como el propio José María Luis Mora, Lorenzo de Zabala y posteriormente Ignacio Ramírez y Sebastián Lerdo de Tejada; la mayoría respetaba o incluso profesaba la fe católica y decían luchar contra el alto clero católico leal de un príncipe extranjero (el Papa); a su entender, los mitrados estaban empecinados en mantener sus privilegios y en tutelar a la clase gobernante en provecho de una institución supra-nacional.
Sin la secularización o separación de Iglesia-Estado, los gobernantes mexicanos jamás ejercerían plenamente el poder, ni cumplirían con su obligación de construir una nación mexicana unida, prospera, libre e independiente. Leyes como la del 22 de agosto de 1848, promovida por Valentín Gómez Farías, durante la Guerra contra los Estados Unidos, iban encaminadas a este fuerzo; que recontinuaron al triunfo de la Revolución de Ayutla, Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada, José María Iglesias y José María Lafragua quienes firmaron con sus nombres leyes que abolieron los fueros eclesiásticos; que obligaron la venta de los bienes de la Iglesia no comprometidos en el culto o en el apostolado; que regularon los precios de las obvenciones y eximieron de su pago los pobres y que finalmente garantizaron la libertad de expresión.
La Constitución de 1857, junto con las Leyes de Reforma representaron dos pasos seguros hacía la edificación del estado laico y la secularización de la sociedad; que ni siquiera el Segundo Imperio pudo interrumpir; dado que el propio emperador, Fernando Maximiliano de Habsburgo comprendió la importancia y el papel que jugaban las leyes reformistas en las modernización de la nación mexicana, incluso inspirado el concordato firmado entre Napoleón y Pío IX, intentó tomar el control de la Iglesia, dentro de los confines de su Imperio, poniendo en la nómina del estado a todos los presbíteros, al más puro estilo galicánico.
Porfirio Díaz interrumpió este proceso reformista orientado a la secularización en aras de buscar la reconciliación y la concordia con la Iglesia; se abstuvo de aplicar las Leyes de Reforma; así como el tahúr que deja sobre la mesa de juego la pistola para disuadir a los demás apostadores de no hacerle trampa; así el Dictador mantuvo dichas leyes como un recurso para mantener amagada a la Iglesia.
El Estado laico y la secularización de la sociedad terminarán de fraguarse hasta la instauración de la asamblea constituyente de 1917. Más el camino de dicha consumación resultó sinuoso y con retrocesos. El propio Francisco I. Madero vio con agrado el respaldo a su candidatura de parte del primer partido confesional con registro de México, el Partido Católico Nacional (PCN); la membrecía católica del PCN estaba enterada de las intenciones del futuro presidente de abrogar las Leyes de Reforma; razón suficiente para apoyarlo; además, durante la truncada administración maderista, el partido ganó cuatro gubernaturas y un considerable número de curules en el Congreso de la Unión.
El supuesto apoyo del PCN al golpe de estado de Victorino Huerta queda desmentido al revisar la declaración emitida por los obispos mexicanos, durante el congreso de obreros católicos que tuvo lugar en Zamora Michoacán. En la también conocida como la Dieta de Zamora, los mitrados levantaron el incide inquisidor contra los miembros del partido que aplaudieron la usurpación.
La declaración no trascendió el círculo de los católicos militantes; Huerta, a pesar de su declaro ateísmo, da todas las facilidades para que las masas creyentes coronen públicamente a Cristo y pongan a la nación bajo su amparo. Los jacobinos del siglo XIX acusaron a la Iglesia de traicionar al país por negarse a obedecer la disposición del presidente Antonio López de Santa Anna, al prestarle su apoyo financiero al gobierno mexicano en su lucha contra el invasor. El alto clero mexicano temía que el caudillo malgastara sus bienes y riquezas, y que pocos de esos recursos realmente sirvieran a la causa de la patria. Los revolucionarios extendieron su odio a Huerta a los católicos militantes y a sus obispos. De nueva cuenta la reacción mexicana fue acusada de apátrida y traidora.
El usurpador cayó y huyó rumbo al destierro. Los miembros del partido católico y los mitrados mexicanos permanecieron en el país; y le sirvieron de diana al revanchismo y al celo punitivo de los revolucionarios. Una ola roja de auténtico y destilado anticlericalismo se cernió sobre la Iglesia mexicano, dándole cause y resolución a las condenas jacobinas que el Partido Liberal, de los Flores Magón, expresaran en su manifiesto a la nación. Álvaro Obregón en cuyos ejércitos se enlistaron batallones de proletarios, miembros de la Casa del Obrero Mundial consintió, quizás con cierta complacencia que sus generales y oficiales ultrajaran religiosas, profanaran y saquearan templos o asesinaran sacerdotes.
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