BúsquedaTras nueve días del asesinato del defensor nahua de Ayotitlán, Jalisco, Higinio Trinidad de la Cruz, organizaciones defensoras de derechos humanos exigen al gobernador Enrique Alfaro y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se investigue y sancione a los autores del crimen.
Higinio de la Cruz era un activista que se oponía a la explotación de la mina de hierro que realiza la empresa Peña Colorada y estaba inscrito en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos.
La mina pertenece al consorcio trasnacional Arcelor Mittal y Ternium y ha sido explotada desde el año 1975, junto a la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
María González Valencia, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), explicó que en este sexenio en Jalisco han sido asesinados seis activistas que defienden sus territorios y todos los casos están impunes.
"La exigencia de justicia es no solamente por el asesinato de Higinio, es por la lista de defensores asesinados, por los defensores desaparecidos y quienes han sido encarcelados y por quienes tienen amenazas. Imagínense la situación actual ahorita en ese territorio, es de absoluto riesgo. Creo que el asesinato de Higinio nos tiene que fortalecer para alzar la voz por él y por todos los demás en este estado", expresó González Valencia, en rueda de prensa realizada en la FIL.
Debe investigarse al alcalde de Cuautitlán de Garcia Barragán, Jalisco y a las empresas propietarias de la mina Peña Colorada, advirtió el abogado Eduardo Mosqueda, vocero de la organización Tsikini AC Brotes de Dignidad y Justicia, quien agregó que el crimen organizado también extrae hierro en forma ilegal, en esa zona limítrofe entre los estados de Jalisco y Colima.
"Este es el punto medular por el que Higinio Trinidad de la Cruz fue desaparecido y atacado, porque aparte de sus denuncias, él estaba moviendo todo el equilibrio de poder que le permite a la minera seguir abusando de más de 15 mil personas, sin garantizarles una correcta audiencia previa, libre e informada, porque siguen abriéndose campos y terrenos de explotación minera", argumentó.
Los activistas lamentaron que el gobernador Enrique Alfaro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Estatal Indigena (CEI), no hayan hecho algún pronunciamiento para condenar los hechos registrados en el sur de Jalisco y piden que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiguen a los responsables de todos los homicidios sucedidos en Jalisco y en el país contra defensores de sus territorios, a causa de la explotación minera.
El pronunciamiento también lo avala la Red Jalisciense de Derechos Humanos, quienes piden a más organizaciones sociales a que se sumen.