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Por Dra. Sandra Pascoe Ortiz
Profesora Investigadora
En México, el acceso a la salud y a prestaciones laborales, como las incapacidades médicas, son derechos que se encuentran protegidos por nuestra Constitución y administrados principalmente a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, la distancia entre la letra de la ley y la realidad vivida por millones de trabajadores puede ser abismal. Lo que debería ser un proceso accesible y humano a menudo se convierte en una experiencia desgastante, caracterizada por obstáculos burocráticos, falta de empatía y, en algunos casos, abuso de poder. Quién no conoce a alguien que ha tenido que tramitar alguna incapacidad por enfermedad o uno mismo ha padecido este vía crucis.
Solicitar una incapacidad en el IMSS implica enfrentar un proceso que parece diseñado para desincentivar a los trabajadores de ejercer este derecho. Todo comienza con la necesidad de obtener una cita médica. Este primer paso, que debería ser sencillo, puede convertirse en un calvario debido a la saturación de las unidades médicas y la falta de personal. En ocasiones, las citas se programan con varios días de retraso, un lapso que puede ser crítico para quienes padecen enfermedades incapacitantes.
Una vez que el trabajador logra ser atendido, debe pasar por un proceso de evaluación médica donde, en muchos casos, las solicitudes de incapacidad se ven sujetas a sospechas infundadas. Existe la percepción de que algunos médicos consideran a los pacientes como posibles simuladores, lo que obliga a los trabajadores a justificar su estado con pruebas extensas, incluso cuando su situación es evidente.
Además, los trámites suelen requerir la visita a diversas áreas administrativas, con largas filas y esperas. Esto no solo implica un desgaste físico y emocional para los pacientes, sino que también conlleva un impacto económico, ya que muchos deben invertir tiempo y dinero en transporte y días no trabajados.
Más allá de la burocracia, los trabajadores enfrentan un obstáculo aún más complejo: la presión laboral. En un país donde la cultura de trabajo a menudo valora más la presencia física que la productividad o el bienestar, solicitar una incapacidad médica puede percibirse como una señal de debilidad o falta de compromiso.
Muchos trabajadores temen represalias por parte de sus empleadores. Desde advertencias sutiles hasta despidos injustificados, la amenaza de perder el empleo está presente, especialmente en sectores donde predominan los contratos temporales o informales. Este miedo lleva a muchos a asistir al trabajo en condiciones de salud precarias, lo que no solo pone en riesgo su bienestar, sino también el de sus compañeros y clientes.
La dificultad para obtener una incapacidad médica no solo afecta a los trabajadores directamente implicados, sino que tiene repercusiones a nivel social. Cuando un empleado con una enfermedad contagiosa, como la influenza o incluso COVID-19, no puede tomarse los días necesarios para recuperarse, existe un riesgo elevado de propagación dentro y fuera del lugar de trabajo.
Asimismo, los trabajadores que no descansan adecuadamente pueden sufrir complicaciones en su salud que, a largo plazo, generan mayores costos para el sistema de salud pública. Esto crea un ciclo vicioso: un trabajador no tratado adecuadamente se convierte en un paciente crónico que requiere más recursos del IMSS en el futuro.
En los últimos años, el IMSS ha intentado implementar herramientas digitales para agilizar procesos, como la solicitud de incapacidades o de citas en línea. Si bien estas iniciativas representan un avance, su alcance ha sido limitado por problemas estructurales.
Por un lado, las plataformas a menudo colapsan debido a la alta demanda o presentan errores técnicos que obligan a los usuarios a realizar el trámite de manera presencial. Por otro lado, no todos los trabajadores tienen acceso a dispositivos electrónicos o cuentan con la alfabetización digital necesaria para aprovechar estas herramientas.
El IMSS enfrenta retos estructurales que dificultan una mejora significativa en el proceso de otorgamiento de incapacidades. Entre los problemas más destacados se encuentran la falta de personal médico, las instalaciones saturadas y un sistema que no ha crecido al ritmo de la población derechohabiente.
A esto se suma la presión financiera. El IMSS opera con recursos limitados, lo que restringe su capacidad para contratar personal, modernizar sus instalaciones o invertir en tecnologías que realmente simplifiquen los trámites. En este contexto, el trabajador termina siendo el último en la lista de prioridades.
El IMSS, como pilar de la seguridad social en México, debe transformarse para cumplir con su misión de garantizar el bienestar de los trabajadores. Sin un cambio significativo, seguiremos viendo cómo los más vulnerables pagan el precio de un sistema que, en lugar de protegerlos, los abandona.
La incapacidad para obtener una incapacidad médica es, irónicamente, un reflejo de las fallas de nuestro sistema de salud y seguridad social. Si aspiramos a un país más justo y equitativo, este es un problema que no podemos seguir ignorando.
Dra. Sandra Pascoe Ortiz
Profesora Investigadora
Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara