BúsquedaHace casi un año, la primera mujer presidenta de México fue electa en una de las votaciones más masivas de las que se tiene registro. Este pasado 1 de junio se eligió por primera vez un 50% de juezas y magistradas. La presencia igualitaria de las mujeres en los puestos de elección popular fue incorporada en la constitución mexicana en 2014, y en 2019 las leyes exigieron paridad en todos los organismos públicos.
La paridad no es un capricho, sino el resultado de años de lucha para que las mujeres podamos tener una oportunidad en la política. Antes de este cambio constitucional, los partidos prácticamente no postulaban mujeres, incluso implementaban trabas para garantizar que solo los hombres tuvieran acceso.
Desde las leyes de paridad, la presencia pública de las mujeres ha progresado constantemente. En las cámaras de Diputados y Senadores la participación de las mujeres en el periodo de 2021-2015 fue de sólo 37%, de 42.6% en el periodo 2015-2018, de 48.8% en el de 2018-2021 y, finalmente, de 49.2% en 2024-2027.
Además, 13 entidades federativas tienen una Gobernadora, 6 más que en 2021. En cuanto a los municipios, en 2022 el porcentaje de presidentas era de 22.1%, mientras que tras las elecciones de 2024 son 29.5%.
A pesar de que se ha avanzado muchísimo en la paridad numérica, esto no garantiza que, al ser electas, las mujeres puedan gobernar. De acuerdo con el INE, un 86% de los casos de violencia política se expresa en campañas de odio y desprestigio, pero en algunos casos también se dan resistencias al interior de las instituciones: desobediencia, aislamiento, e incluso impedirles asumir sus funciones. También se han presentado candidatas por su parentesco o relación cercana con un hombre, como una forma de controlar el poder indirectamente.
La resistencia a que participemos en política proviene de un arraigado machismo en los partidos. Hasta julio de 2024 el INE había emitido 363 sanciones, siendo Oaxaca el estado con mayor número de casos registrados (174), el ámbito municipal es donde más suceden estas violencias. A fin de publicitar a los infractores, se creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS) en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, que puede consultarse en línea.
Pero ¿para qué queremos mujeres en el poder?, ¿somos mejores?, ¿menos corruptas?, ¿más eficientes? En realidad, no existe evidencia de que las mujeres en el poder seamos mejores ni peores que los hombres, por el hecho de ser mujeres. Además, no es garantía que cuando ellas llegan al poder tendrán una visión que impulse el adelanto de las mujeres en la sociedad, y en muchas ocasiones las lógicas de partidos terminan inhibiendo estas iniciativas, según convenga en el contexto.
Lo que está comprobado es que los principales avances en materia de derechos y atención a la violencia contra las mujeres se han dado a partir de la iniciativa de las propias mujeres. Un buen ejemplo de ello es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promovida por un sinnúmero de actoras de la sociedad civil organizada, académicas y expertas, y finalmente materializada por las diputadas. Sin este trabajo conjunto, la ley no existiría.
La experiencia nos demuestra que, sin nosotras en la primera línea de la política, en los procesos de justicia o en las relaciones internacionales, será casi imposible que se instale y se operativice una perspectiva de género que abone a la igualdad entre hombres y mujeres.
*Por Mariana Espeleta Olivera y María de la Concepción Sánchez Domínguez-Guilarte, académicas del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO