A pesar de que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras que encabeza Juan Antonio García Villa rechazó la operación de compra venta de Transportación Ferroviaria de México a la estadunidense Kansas City Southern (KCS), le puedo adelantar que de cumplir ésta última con todos los requisitos que le exige el gobierno mexicano, al final sí recibirá la autorización para concretar la compra.
Es decir, el rechazo de la CNIE de ninguna forma es un no definitivo.
Simple y sencillamente es la exigencia por parte de la autoridad para que KCS se comprometa a invertir más, de lo que implica la compra-venta de acciones, para convertir a la empresa en una entidad competitiva en beneficio del sistema ferroviario nacional.
Aunque de entrada parecía que el rechazo de la CNIE y de la Secretaría de Economía a la operación de compra-venta era uno de los últimos vestigios del proteccionismo en el que México estuvo inmerso por muchos años, lo cierto es que se trata de todo lo contrario. Parecía que cuando México necesita de más inversiones extranjeras, paradójicamente les cierra la puerta.
Nada de eso. A la Secretaría de Economía, cuyo titular es Fernando Canales Clariond lo que le interesa es aplicar la ley con todo el rigor posible para que la empresa adquirente no incurra en el famoso casque —como se le conoce en la jerga bursátil a la rentable actividad especulativa— y se comprometa con inversiones productivas.
Lo que busca el gobierno mexicano es que aquella empresa extranjera que invierta en México acredite su intención de que se convertirá en pieza fundamental de competencia que al final redunde en beneficio para el país y los usuarios del sistema ferroviario.
Para la CNIE la estadunidense KCS no acreditó en toda la extensión de la palabra los compromisos que exige la ley en materia de competitividad. Es decir. KCS habría mencionada sólo de manera general que cumplirá con todos y cada uno de los requisitos. Sin embargo, no incluyó cifras y datos específicos de inversión. La CNIE exige que aquellos interesados en celebrar una operación de compra-venta de un activo tan importante como lo esa TFM, deben especificar sus compromisos en tres renglones relacionados con la competitividad: 1.- La reducción de costos para los usuarios; 2.- preservación y mejoría de la calidad y cantidad de empleos en el sector; y 3.- inversiones en nueva tecnología.
KCS, sólo mencionó que cumpliría. Es decir acreditó en forma general y no hizo mayores especificaciones como lo exige la ley.
Apenas unos días después de que la CNIE hizo público el rechazo de la compra, de inmediato reingresaron una nueva solicitud con la argumentación y compromisos correspondientes. En la SE ya están buscando fecha para su análisis y eventual calificación.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso aseguran que con la nueva solicitud KCS sí acreditará los requisitos exigidos y al final recibirá la autorización para la operación de compra-venta.
Veremos.
ANECDOTARIO. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que preside Luis Miguel Alvarez inició el proceso para la devolución de los activos propiedad de Carlos Ahumada Kurtz, el empresario que denunció actos de extorsión de varios funcionarios del gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador, y entre ellos René Bejarano, su secretario particular y principal operador político. De alguna forma, la devolución es una victoria legal de Carlos Ahumada. Una de las acusaciones más graves que tenía en su contra era precisamente la de lavado de dinero y por la decisión de devolverle sus bienes, pareciera que se ha caído. El SAE devuelve los bienes —que mantenía bajo administración— a Ahumada, por instrucción de la Procuraduría General de la República que encabeza Rafael Macedo de la Concha. Hará entrega de los equipos de futbol León y Santos de Torreón, así como de los activos del periódico El Independiente, además del avión que le había sido asegurado al empresario sujeto a proceso judicial, a los representantes legales designados por el propio Ahumada Kurtz, una vez que concluya el proceso de transferencia. Hay que recordar que fue la PGR la entidad que llevó a cabo el aseguramiento de los mencionados activos a Ahumada Kurtz, como parte de la averiguación que inició en contra del empresario por delitos relacionados con lavado de dinero. Por mandato de ley, la PGR transfirió al SAE la responsabilidad de administrar dichos bienes y, como parte de sus atribuciones también legales, ese organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda designó el pasado 16 de abril al Grupo Modelo; y el 21 de abril al empresario leonés Isidro Adolfo Reza San Martín, como administradores especializados con carácter temporal, para el caso de los equipos Santos y León, respectivamente. En ambos casos, los administradores especializados lograron, a pesar de las condiciones en que recibieron las empresas respectivas, una gestión transparente tanto en lo administrativo como en lo deportivo. Por lo que se refiere a la empresa Nueva Perspectiva Editores, S. A. de C. V., que editaba el periódico El Independiente, el SAE recibió en administración estos activos el 3 de junio y nombró como administrador especializado al contador público Juan José López Campos. El SAE, tras evaluar las condiciones económico-financieras de esta empresa y constatar su inviabilidad, determinó el 13 de junio suspender la publicación del citado diario, preservando las instalaciones y los bienes. En cuanto al avión Lockheed modelo Jet Star (matrícula XA-TVK), con capacidad para 12 pasajeros, que era operado por “Aeroservicios, S.A. de C.V.”, otra de las empresas del empresario Ahumada Kurtz, fue recibido por el SAE para su administración el pasado 13 de mayo.
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