Con la finalidad de proporcionar espacios seguros y de apoyo a la comunidad LGBT+, el Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a los titulares de las 16 alcaldías de la capital a que, en el marco de la elaboración de sus proyectos de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, asignen recursos para la construcción y operación de Casas Arcoíris —albergues y centros comunitarios de apoyo para la comunidad—.
Rebeca Peralta León, diputada del PVEM, puntualizó que las personas que pertenecen a este sector de la población han sido históricamente invisibilizadas, discriminadas, violentadas y excluidas en diversas áreas, como la justicia, salud, educación, aspecto laboral y participación política, por lo que resulta prioritario generar acciones específicas con un enfoque inclusivo, que refleje la diversidad, garantice sus derechos y evite todo tipo de discriminación.
Dio a conocer que en la CDMX sólo dos demarcaciones, Iztacalco y Venustiano Carranza, han puesto en marcha las Casas Arcoíris, “lo que representa un importante avance en la inclusión y apoyo a este sector de la población en la capital”; es por ello que se pide que el resto de las alcaldías repliquen el proyecto, con el objetivo de proporcionar espacios seguros para la comunidad LGBT+ y garantizar su acceso a servicios de atención integral, salud mental, capacitación laboral y alojamiento temporal.
Rebeca Peralta destacó que la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) revela datos sobre el rechazo social y la discriminación que enfrenta dicha población en México, el 26.1 por ciento reportó haber recibido trato desigual en el trabajo; el 28.7 por ciento ha tenido pensamientos suicidas en algún momento de su vida y sólo el 43.6 por ciento de las personas de estos grupos poblacionales expresan estar satisfechas con su vida en general.
Puntualizó que las Casas Arcoíris se han implementado a nivel mundial y se presentan como una solución necesaria para ofrecer un sitio seguro donde la comunidad LGBT+ puede recibir atención integral con servicios de alojamiento temporal, atención psicológica, acompañamiento jurídico, acceso a servicios de salud, y capacitación laboral, todo ello con una perspectiva de género y derechos humanos.