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La Comisión de Impacto Único del Gobierno de la Ciudad de México exhortó públicamente a la empresa desarrolladora Be Grand a cumplir con la normativa vigente en materia inmobiliaria, tras detectar irregularidades en varios de sus proyectos habitacionales, incluidos problemas sanitarios y de impacto ambiental.
El llamado se produce luego de una serie de reportes ciudadanos, difundidos en medios de comunicación, relacionados con el proyecto “Downtown Insurgentes 700”.
En respuesta, la Comisión —órgano colegiado coordinado por Metrópolis e integrado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Secretaría de Movilidad (Semovi), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema)— realizó una revisión de los compromisos asumidos por la desarrolladora.
De acuerdo con información oficial, Segiagua llevó a cabo visitas de inspección los días 12 y 28 de marzo, tras denuncias vecinales sobre una fuga de aguas residuales.
Durante estas inspecciones se comprobó que el edificio carece de un sistema alternativo funcional y normativamente adecuado para captar, almacenar y reutilizar agua pluvial. Asimismo, se detectó que el sistema de reúso de aguas tratadas opera de manera parcial y sin las autorizaciones requeridas.
Ante estos hallazgos, la Comisión procedió a revisar el cumplimiento de medidas de mitigación urbana y ambiental en nueve proyectos de Be Grand dentro de la capital.
Los resultados fueron contundentes: no se han registrado avances en las obligaciones impuestas para mitigar los impactos generados por sus desarrollos.
En la mayoría de los casos, incluso, las viviendas ya se encuentran ocupadas pese a que la empresa no ha obtenido los permisos correspondientes, mismos que solo pueden otorgarse una vez completadas las obras de mitigación.
La Comisión también señaló que Be Grand ha promovido sistemáticamente juicios para evitar el cumplimiento de sus responsabilidades, lo que evidencia una práctica reiterada de eludir sus compromisos con el entorno urbano.
“El incumplimiento por parte de Be Grand en la implementación de las medidas de integración y mitigación urbana en sus desarrollos implica posibles daños al medio ambiente, riesgos sanitarios, impactos sociales y comunitarios, afectaciones al suministro de servicios básicos y problemas de vialidad”, advirtió el organismo.
Este tipo de omisiones, añadió la Comisión, vulnera directamente los derechos humanos de las personas que habitan y transitan las zonas donde se ubican los desarrollos inmobiliarios, lo que convierte el tema en un asunto de interés general.
En ese sentido, las instituciones integrantes de la Comisión recordaron que, conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las compañías están obligadas a evitar cualquier impacto negativo en los derechos humanos, y a asumir su responsabilidad cuando estos ocurren.
Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró su llamado a todas las empresas desarrolladoras con presencia en la capital a cumplir cabalmente con sus obligaciones en materia ambiental y urbana.
“El desarrollo inmobiliario debe construirse sobre la base de la sustentabilidad, la equidad social, el respeto al espacio público, la participación ciudadana, la movilidad incluyente y el derecho a un entorno urbano digno, seguro y accesible”, puntualizó.
La Comisión de Impacto Único informó que continuará dando seguimiento al caso de Be Grand y a otros desarrollos con pendientes en sus obras de mitigación, con el objetivo de garantizar un desarrollo urbano ordenado, sostenible y ético en beneficio de la ciudadanía.