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Adriana vivió en silencio un infierno desde los seis años; durante más de una década arrastró con el trauma de haber sido abusada sexualmente por José Copado, un sujeto cercano a su familia que aprovechó la confianza depositada en él y utilizó su posición para cometer actos sexuales aberrantes.
Adriana lo llevó a juicio y, en un acto burocrático, no de apego a la ley, una jueza decidió liberar al acusado porque ya habían pasado muchos años, algo que rompe todos los criterios de protección a la infancia. El tipo aprovechó lo anterior para fugarse y, aunque en una revisión del caso se ordenó su recaptura, lo que no se ha logrado, en tanto que los abogados de la defensa promueven nuevos recursos para impedir el juicio (el abogado ya tampoco se presenta a la audiencias).
“Estoy desesperada, cansada, triste y sigo viviendo un infierno”, es el resumen que Adriana hace de lo que le ha tocado vivir en juzgados y ante los jueces.
Una revictimización
Tras presentar la denuncia formal en diciembre de 2023, Adriana se sometió a peritajes, revivió cada ataque, testificó ante el Ministerio Público e incluso logró que se judicializa el caso. J. fue vinculado a proceso por las agresiones sexuales reiteradas que cometió contra ella cuando era tan solo una niña de 6 años, en calles de Huixquilucan, Estado de México.
Sin embargo, la jueza Araceli Gutiérrez Contreras desestimó el caso inicialmente bajo el argumento de prescripción del delito, ignorando por completo los principios de justicia con perspectiva de género y el interés superior de la niñez. La víctima, después de 15 años, luego de cumplir la mayoría de edad y cuando se sintió segura de poder contar el infierno que vivió en su infancia, se presentó al juzgado a buscar justicia por el martirio que vivió, pero el poder le arrebato la esperanza al dejar libre a su agresor.
La cobertura de Crónica en 2024, expuso no solo los detalles del abuso que sufrió, sino también la indiferencia con la que el sistema judicial atendió su búsqueda de justicia. Durante la audiencia, la jueza Gutiérrez Contreras minimizó la gravedad del caso, lo sobreseyó en apenas dos horas y permitió que el agresor quedara en libertad. Hoy, a un año de la denuncia, J. Permanece prófugo, libre de enfrentar cargos por más de 50 agresiones sexuales en las que obligó a la victima entonces una niña, a presenciar actos de masturbación, tocamientos y exhibición de pornografía en calles solitarias. Ninguna de estas conductas fue valorada con la seriedad debida por la jueza.
Posteriormente, J. impuso dos amparos: uno en contra de la orden de aprehensión y otro contra la resolución que lo vinculó a proceso. Aunque uno de ellos fue admitido, el más reciente fallo de un juez federal le concedió la suspensión definitiva, lo que le permitió seguir el juicio fuera de prisión, aún cuando sigue sin ser localizado.
“Estoy muy cansada, no puedo dormir y este proceso me ha quitado vida. Tengo miedo de que las autoridades vuelvan a violar mis derechos. “¿Dónde queda el interés superior de la niñez y la perspectiva de género por la que tanto hemos luchado?”, mencionó la víctima.
A pesar del sufrimiento prolongado y la valentía de Adriana Cota al hablar, las instituciones continúan sin garantizar la justicia. El agresor sigue prófugo, permitiendo que alguien con antecedentes como los de él pudiera ocasionarle los mismos problemas que a ella hace 10 años y la joven teme que las autoridades repitan el patrón de impunidad que la ha perseguido desde niña.
Actualmente se encuentra alzando la voz por hacer visible su caso y buscar una solución a la problemática, para que ni ella ni más niñas y mujeres vivan lo que ella.