Con 59 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México avaló el uso de la firma electrónica en trámites institucionales; se trata de una herramienta que permitirá una autentificación expedita de documentos que involucran los trabajos y procesos legislativos para hacerlos más expeditos, eficientes y transparentes.
La firma electrónica es una tecnología que dará mayor seguridad, autenticidad; eficiencia y ahorro de costos; accesibilidad y conveniencia, así como un ahorro de recursos en todos los procesos que abarcan los trabajos legislativos.
“La firma digital y electrónica es una herramienta que nos permitirá agilizar los procesos, reducir los tiempos de respuesta y aumentar la seguridad y la confiabilidad de nuestros documentos”, aseguró el diputado morenista Víctor Hugo Lobo Rodríguez.
El legislador aseguró que el uso cada vez más generalizado de la firma digital electrónica, utilizados para identificar a su autor o emisor, es generada con un certificado reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro de creación de firma y tiene, en relación con la información firmada, un valor jurídico equivalente al de la firma autógrafa.
“El reconocimiento de la firma electrónica permitirá hacer más eficientes los diversos procesos del trabajo legislativo y fomentará la transparencia”, apuntó.
Al hacer uso de la voz, el legislador Miguel Macedo Escartín argumentó que la firma digital electrónica es necesaria para agilizar procesos y dar mejores resultados legislativos.
“La firma digital electrónica es una medida de fondo que responde a la necesidad de modernizar y optimizar nuestro trabajo legislativo, así como de darle certeza jurídica. No se trata sólo de digitalizar por digitalizar, sino de eficientar y transparentar el trabajo del Congreso”, aseveró.
El dictamen adiciona una fracción XVII ter al Artículo 4 de la Ley Orgánica, así como la fracción XVII Ter al Artículo 2 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de dotar de certeza jurídica a la firma electrónica, presentado por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.