Enfermeras, camilleros y personal administrativo del Sanatorio Trinidad tomaron esta mañana un tramo de la Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Baja California, para exigir el cumplimiento de acuerdos de liquidación firmados y registrados ante el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, los cuales –según denuncian– han sido sistemáticamente ignorados por la administración del hospital.
La protesta comenzó frente a las instalaciones del nosocomio, en la colonia Roma Sur, y se extendió hasta bloquear una de las arterias más transitadas de la ciudad, lo que paralizó por momentos la circulación y provocó la suspensión temporal del servicio de Metrobús en ese tramo.
María del Carmen Sánchez, enfermera con más de 15 años de experiencia, exhibió copias de los documentos legales firmados por la administradora Adriana Beltrán Mallén en abril pasado, que avalan su derecho a una liquidación tras haber sido despedida.
“No es una exigencia arbitraria, es un convenio registrado oficialmente. Pero lo que firmaron, no lo cumplieron”, aseguró.
El malestar del personal no se limita al incumplimiento económico. De acuerdo con testimonios recabados, la gestión encabezada por Beltrán Mallén, junto con Alicia Sígales Chicas y respaldada por los socios Jesús Torán Sierra, Juan Beltrán Arriaga, Eduardo Rocha Pérez, Erik Ramírez Arias y Javier Alfonso Ortega Alonso, ha deteriorado seriamente las condiciones laborales y el ambiente de trabajo en el sanatorio.
“Antes, esto era un hospital con alma”, lamentó Violeta Ramírez, trabajadora del área administrativa. “Ahora es una estructura sin ética donde el personal es prescindible y los derechos laborales son letra muerta”.
Antonio, camillero aún activo, dijo llevar tres meses sin recibir salario ni prestaciones básicas.
“Sigo viniendo porque amo mi trabajo, pero ya no puedo sostener a mi familia”, declaró con resignación.
Durante la manifestación, los trabajadores relataron haber sido objeto de amenazas indirectas por parte de la administración. Valeria Romero, una de las voceras del grupo, denunció que la propia administradora se jacta de tener vínculos con autoridades.
“Nos dijo que hagamos lo que hagamos, no veremos ni un peso, que tiene amigos en el gobierno. ¿Qué hacemos cuando nos quitan el trabajo y también la esperanza de justicia?”, cuestionó.
Más tarde, una comisión fue recibida por personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde la funcionaria Martha Guadalupe Arellano Jasso les notificó que el proceso conciliatorio se dio por terminado y que el caso deberá escalarse al Tribunal Laboral de la Ciudad de México.
Sin embargo, los afectados advierten que no bajarán la guardia.
“Volveremos a las calles si es necesario. Ya nos quitaron el empleo, pero no la voz”, expresó otra de las enfermeras mientras el contingente regresaba al hospital para continuar con las acciones de protesta.