Del 2018 al 2024, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México decomisó más de 14 mil celulares y seis mil chips dentro de los reclusorios capitalinos, al mismo tiempo en el que aumentaron 169 por ciento las revisiones en los penales durante ese periodo de tiempo. Aún con la instalación de inhibidores de señal en las cárceles desde el año 2010, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dependencia que opera los centros penitenciarios, desconoce el estado de colocación, mantenimiento y estado de los dispositivos que deberían de bloquear el acceso a las redes de internet y llamadas telefónicas al interior de las prisiones.
Mientras las autoridades competentes desconocen el funcionamiento de los sistemas de seguridad penitenciaria, en el periodo comprendido entre 2018 y 2024, se aseguraron 14 mil 424 celulares y seis mil 521 chips de diversas telefonías, lo cual, según la SSC, abona a la prevención de delitos al interior de los centros penitenciarios, como las extorsiones. Asimismo, explican, los resultados han sido favorables al detectar y asegurar objetos y sustancias que representan un riesgo para la seguridad institucional y de las personas privadas de la libertad. Del cinco de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2024, se tiene un registro de 98 mil 322 revisiones. Sin embargo ¿Cómo entraron esos aparatos móviles a las cárceles?
55% de los reclusos tendrían acceso a celular
El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024 reportó que permanecen 25 mil 506 personas privadas de la libertad en la Ciudad de México, es decir, hasta antes de su decomiso, la cantidad de teléfonos móviles que estaban dentro de los penales equivalía a que 55.5 por ciento de la población penitenciaria tendría a su alcance un dispositivo para realizar llamadas.
A pesar de en el año 2010, el Gobierno capitalino presumió la inversión de 24 millones de pesos para la compra de 155 inhibidores de señal, 15 años después, la SSC, quien es la encargada de administrar y dirigir las cárceles capitalinas, respondió a este diario que no tiene información del funcionamiento y monto destinado para su composición y mantenimiento de los aparatos electrónicos que deberían de detener las llamadas de extorsión que según cifras oficiales, van en aumento.
“La Subsecretaría del Sistema Penitenciario no cuenta con la información solicitada sobre el presupuesto destinado para su adquisición y mantenimiento, ni sobre la empresa proveedora”, dijo a Crónica.
Este medio solicitó a la SSC un posicionamiento por la nula información del estado de los inhibidores, a lo que no se tuvo respuesta.
En tanto, la SSC reforzó de manera significativa sus inspecciones a las estancias de las cárceles, 98 mil 322 en siete años. No obstante, eso no colaboró a que dejaran de ingresar celulares y chips. En el 2018, se ejecutaron mil 243 revisiones y en el año siguiente, el número aumentó a 15 mil 272, es decir, mil 128 por ciento más que 12 meses atrás. Las verificaciones no cesaron, en el 2020 se implementaron 15 mil 937, y en el 2021, la cifra bajó ligeramente, a 14 mil 823.
Después, en 2022, se llevaron a cabo 15 mil 85 registros a las penitenciarías y en el 2023, se logró el número más alto de verificaciones, con 20 mil 762, 37 por ciento más que el año anterior. Posteriormente, en 2024, el control de lo que permanece en los dormitorios y centros de convivencia de los penales disminuyó a 15 mil 200, es decir, 26 por ciento menos.
En el año 2005, las autoridades estimaban que había unos mil 500 celulares al interior de los penales. Tan solo en 2021, las autoridades penitenciarias decomisaron dos mil 839 celulares, 89 por ciento más de aparatos electrónicos de los que existían.
En marzo del 2024, la policía capitalina reportó el aseguramiento de seis mil 333 teléfonos celulares y 269 SIMs en poco más de dos años, lo que equivale a 322 por ciento más de dispositivos a los que tienen alcance las personas privadas de la libertad que hace 15 años.
Instalación de inhibidores es responsabilidad de la SSC
La SSC afirma que la supervisión de los inhibidores de señal es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, aunque la Ley establece que es la SSC quien debe de hacerse cargo de los equipos que prevengan la salida de llamadas de cárceles a través de dispositivos móviles.
Aunque la Subsecretaría del Sistema Penitenciario no se responsabiliza por la verificación de los controles de inhibición, en los lineamientos de colaboración entre Autoridades Penitenciarias y los Concesionarios de Servicios de Servicios de Telecomunicaciones y Bases Técnicas para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición, publicados en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre del 2012 establecen que la todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, cualquiera que sea su denominación, deberán contar con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de los mismos.
Además, las autoridades penitenciarias federales, de los estados y del Distrito Federal podrán contratar, previa autorización y uso de recursos presupuestarios, los sistemas o equipos de inhibición de señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen para que sean instalados dentro del perímetro de los centros de readaptación social que les corresponda.
Las autoridades penitenciarias federales, estatales y del Distrito Federal en colaboración con los concesionarios de telecomunicaciones, deberán establecer los mecanismos necesarios para prevenir y, en su caso, resolver cualquier afectación indebida a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con sus ámbitos de acción.
Asimismo, los lineamientos establecen a la empresa o proveedor especializado que ofrece los servicios y recursos necesarios para la instalación y operación de los sistemas de inhibición en los centros de readaptación social. Dispone además de las capacidades técnicas para analizar y dictaminar costos; aplicar y conocer de las actividades relativas a especificaciones y características de equipos; pruebas preliminares, de campo, desempeño, de aceptación y de no interferencia; monitoreo; análisis de factores técnicos; valoración de soporte técnico y mecanismos de vigilancia y evaluación de los sistemas inhibidores de señales de telecomunicación.
CDMX cuarto lugar en delitos cometidos por personas salidas de cárceles
La Ciudad de México ocupa la cuarta posición en delitos cometidos por las personas egresadas de los centros penitenciarios, con nueve mil 479 en el 2022, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023; con el 40 por ciento de reincidencia delictiva de criminales, sumado a los pocos programas dedicados a la reinserción social, privilegios ilegales para reos como el uso de dispositivos móviles en las cárceles capitalinas y a nivel federal.
En redes sociales como TikTok y Facebook, reclusos postean la manera en la que extorsionan, conviven, beben bebidas alcohólicas, ilegalidades aparentemente solapadas por los custodios.
También, en redes sociales un interno del Reclusorio Norte escribe: “me presento, soy Néstor Rogelio Sánchez, mientras tenga el apoyo de comandantes y el director sólo ocupamos un celular y dinero para hacer lo que queramos, ya vieron que sigo rifando”; acompañado de fotografías dentro del penal. Otro postea: “Alguna bella dama para visitar a un chavo de 29 años en el Reclusorio Oriente”; “saludos desde el lejano oriente”; escribe otro preso con una fotografía dentro de una celda.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó que de 2019 a 2024, en la capital se registraron 158 mil 450 reportes de extorsión, de los cuales las víctimas han sido empresarios, comerciantes y ciudadanos, en su mayoría, por medio de llamadas telefónicas.
De acuerdo con las cifras del organismo, 55 por ciento de las atenciones que se proporcionaron fueron por cobranza ilegítima, en segundo lugar estuvieron las amenazas y en tercero supuestos grupos delictivos que exigían el pago de cuotas. Las alcaldías con mayores reportes fueron Iztapalapa, Gustavo A Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Tlalpan.
Asimismo, el consejo reportó en su informe que 72 por ciento de las extorsiones no se concretaron, el resto, 28 por ciento, sí se consumaron, lo que implicó para las víctimas realizar pagos de hasta 10 mil pesos.
A pesar de que anteriormente las llamadas de extorsión provenían de penales de la Ciudad de México, los registros del consejo detallan que en la actualidad estas comunicaciones telefónicas pueden ser de cualquier parte, incluso de Centro y Sudamérica, así como de otros continentes, como Asia.
A finales de 2024, el Consejo afirmó que es imposible que el grueso de los intentos de extorsión provengan de centros penitenciarios, dado que el volumen de intentos de extorsión es tan grande que a pesar de que todos los reclusos llamaran vía telefónica al mismo tiempo, no se llegaría ni al 10 por ciento de los reportes.
Conforme al Consejo, existen 10 millones de intentos de fraude y extorsión al año, por lo que si un porcentaje de ellos proviene de centros penitenciarios, tendría que ser una minoría.