Del 24 al 27 de junio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) habilitará un periodo para que las personas proponentes cuyos proyectos de Presupuesto Participativo 2025 fueron considerados “No viables” puedan presentar su inconformidad o impugnar formalmente ante el Tribunal Electoral capitalino.
El mecanismo está dirigido a ciudadanas y ciudadanos que registraron propuestas en sus Unidades Territoriales y cuyos proyectos fueron rechazados por los Órganos Dictaminadores de Alcaldía (ODA). Quienes estén inconformes podrán presentar un escrito de aclaración mediante el formato F3, en el que podrán argumentar por qué consideran que su propuesta sí cumple con los criterios técnicos, económicos, financieros, ambientales o de impacto social, sin que se permita modificar el contenido original del proyecto.
Los escritos podrán entregarse directamente en la sede de la Alcaldía correspondiente, o de manera extraordinaria, ante la Dirección Distrital del IECM que abarque el territorio donde fue registrado el proyecto. Otra vía posible será la interposición de un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mediante un Juicio Electoral o un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía.
Una vez recibidas las aclaraciones, los ODA deberán llevar a cabo un nuevo análisis del 30 de junio al 2 de julio. Los resultados de esta redictaminación serán turnados a las Direcciones Distritales Cabecera de Demarcación, que los enviarán a los órganos desconcentrados del IECM para su publicación el 3 de julio.
El pasado 23 de junio se hizo pública la lista de proyectos viables y no viables, tras concluir la etapa de dictaminación que se desarrolló entre el 24 de marzo y el 18 de junio de 2025. En este proceso se evaluaron las iniciativas ciudadanas con base en criterios de factibilidad técnica, económica y ambiental, así como su viabilidad financiera y el impacto social proyectado.
El Presupuesto Participativo es una herramienta de democracia directa que permite a las personas habitantes de la Ciudad de México decidir de forma colectiva sobre el destino de una parte del presupuesto público en obras o servicios para sus colonias, barrios y pueblos.