En la Ciudad de México, los delitos en contra de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, y otras identidades y expresiones de género y orientación sexual (LGBT+) aumentaron 175 por ciento de los años 2016 al 2024, cuando en el primer año se registraron únicamente dos crimenes de odio, mientras que en el último 32.
De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, el cual se alimenta de datos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como de las Fiscalías estatales, el crecimiento de incidencia delictiva contra este sector en la metrópoli ha mostrado un aumento exponencial, dado que, en el 2016, mientras se registraron 25 casos a nivel nacional, dos de ellos en la capital, en el 2024 se reportaron 138 en todo el país y 32 en la Ciudad de México.
Para la comunidad LGBT+, especialmente las mujeres transgénero, el acceso a la seguridad y justicia es casi inalcanzable. Aún con las imágenes que exponen la mutilación que sufren cuando son asesinadas, la falta de preparación de los Ministerios Públicos para arropar a las minorías y grupos vulnerables, sumado a la corrupción, provoca que carpetas, aún con datos de prueba sólidos, estén a punto de ser archivados y que los agresores, con impunidad agredan y torturen a las víctimas indirectas. Hasta que las activistas alzan la voz, se puede llegar a sentencias históricas, por el contrario, acusan, son invisibles.
Sin presión de colectivos las víctimas no son escuchadas
Viridiana, una mujer trans de 36 años, fue asesinada por Dennis “N”, de la misma orientación sexual, el cuatro de marzo del 2022 dentro de su hogar en el Estado de México. Desde que las autoridades acudieron al levantamiento del cuerpo, su familia fue revictimizada, constantemente les cuestionaban si tenían algo que ver en la muerte. Cinco meses después, la responsable fue detenida, y con miras a encontrar justicia, el panorama se oscureció más, pues conocidos de la persona imputada acudían al domicilio de su hermana Pilar a dañar sus bienes y amenazarla de muerte vía telefónica, sin que existieran represalias.
Una vez que comenzaron las audiencias, el delito se clasificó como homicidio, aún cuando la fallecida se identificó como mujer desde varios años atrás. Fue hasta después de dos años que se obligó a la autoridad judicial a actuar con perspectiva de género.
“Si me tocaba morir buscando justicia por mi hermana, lo iba a hacer, no podía dormir y que el caso de mi hermana se quedara impune, afuera de las audiencias ponía una lona para exigir justicia. Hasta que acudí a la asociación Brigada Callejera, con la licenciada Arlen Palestina, la que me asesoró y me acompañó a la Fiscalía para que cambiaran a la Ministerio Público Laura Merith, quien me decía que todo iba bien y hablaba con la familia de la contraparte”, narró Pilar en entrevista con Crónica.
“La Ministerio Público Merith me dijo que era nueva, pero que se iba a aventar el caso. No me recibían ni me querían dar la carpeta de investigación, tampoco me dieron medidas cautelares, por eso me rompieron los cristales. Hasta que la activista Kenya Cuevas me acompañó a la Fiscalía en Barrientos recibí las medidas, me dijeron que tenía derecho a un asesor de víctimas. Si no las hubiera conocido, la carpeta se hubiera cerrado como en tantos casos. Mi hermana me tiene a mí, pero hay algunas (mujeres trans) que no las quiere su familia y terminan en una fosa común; además de que tenemos una vida terrible porque somos estigmatizadas, aún después de muertas no respetan nuestra dignidad”, añadió Pilar.
La violencia para esta minoría se agravó, cuando entre 2014 y lo que va de 2025, se han registrado al menos 739 casos de asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género en México. En el 2025, hasta la mitad de los primeros seis meses, se denunciaron 28 casos en todo el territorio mexicano.
De los crímenes de odio, en el 2024 ocurrieron 18 asesinatos, seis desapariciones y ocho atentados en la capital.
Tras el avance del caso por el apoyo de los colectivos, el juez dictó 55 años de prisión a Dennis “N”, por el delito de feminicidio. Jurídicamente es la primera vez que en esa entidad, la víctima es nombrada como una persona transgénero.
Aún con la sentencia histórica, Pilar reconoce que eso no es sinónimo de celebración, pues no tendría que ocurrir ninguna muerte de este tipo. En suma, cree que es necesario visibilizar que las personas juzgadoras no cuentan con capacitación en perspectiva de género y respeto al reconocimiento por la orientación sexual para nombrar a las mujeres trans como mujeres, no como hombres.
El Gobierno de México ha proclamado que todas las personas, sin importar orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a demandar y recibir justicia. Para ello, el Estado está obligado a adoptar medidas para que las personas pertenecientes a la población LGBTI+, puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Sin embargo, en el 42 por ciento de las denuncias no hay ninguna persona detenida; así, en 37 por ciento de los crímenes no se tiene una línea de investigación sólida y únicamente en el 21 por ciento de los incidentes se arrestó a los presuntos responsables.
“Hasta que el Tribunal de Alzada le ordenó al juez que tenía que reconocer a mi hermana como mujer, fue que la nombró Viridiana. Ella no necesita de una credencial de elector o de unos genitales, si hubiera más educación todo sería diferente, respetarían la manera en la que te identificas. Cuando se referían a mi, como hombre, tuve que hacer mi cambio de urgencia para que me respetara el juez”, mencionó la entrevistada.
A diferencia de la Fiscalía capitalina, que cuenta con una Agencia de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria, la Fiscalía mexiquense únicamente posee un área especializada en Atención a Violencia de Género.
CDMX representa 23% de los delitos contra la diversidad sexual
Mientras que en el 2016 se tiene el registro de dos asesinatos en la ciudad, cuatro años después, en el 2020, la cifra por ese delito creció a tres. En el 2021 el número subió a seis casos, incidencia que aumentó a siete en 2022.
Este sector padeció 419 hechos violentos motivados por el odio de 2019 a 2022, incluyendo asesinatos, desapariciones, atentados a la vida y suicidios.
La cifra de los crímenes de odio tuvo sus peores índices en 2024; en ese año, los delitos contra la comunidad LGBT aumentaron 42 por ciento en todo el país y 176 por ciento en la capital respecto al año anterior.
En la comparativa de casos de la Ciudad de México con el de la República Mexicana puede observarse que, del total de casos en 2024 (138), la Ciudad de México representa el 23 por ciento de los delitos contra las personas de la diversidad sexual.
En el informe Crímenes y Agresiones Contra Personas LGBT en la Ciudad de México, elaborado por - No Somos Números, Somos Vidas, elaborado por siete fundaciones como Arcoiris, Codise, Mutelas y el Fondo de Canadá para Iniciativas Locales, del año 2016 al 2024, de las 16 alcaldías que conforman a la Ciudad de México, se han registrado crímenes de odio en 14 de ellas, siendo las alcaldías con más casos: Cuauhtémoc con 14, Iztapalapa 11 y cinco en Benito Juárez.
Fallas en la cadena de custodia perdió restos humanos
Uno de los casos más recientes fue la desaparición forzada y asesinato de Margarita Cuevas, integrante de la comunidad LGBT+ que a causa de los desacuerdos entre las Fiscalías de la Ciudad de Mexico y Morelos, partes de sus restos fueron extraviados por personal pericial que rompió la cadena de custodia, lo que le negó a su familia una entrega digna del cadáver de la víctima para poder sepultarla.
Margarita fue reportada como desaparecida el cuatro de junio del 2022 en la colonia Ampliación Tepepan, de la alcaldía Xochimilco, luego de que hombres en motocicleta se la llevaron cuando convivía con sus amigos en un sitio donde venden alcohol. Sus restos fueron localizados por el colectivo “Una Luz en el Camino” 13 días después en los límites de la capital y Morelos. Hasta un año después, su presunto agresor, Giovanni “N”, fue detenido en la ciudad de Guadalajara.
En el levantamiento inicial, los dictámenes expresaron que la fauna del lugar había desprendido partes de los pies de la víctima, no obstante, cuando el cuerpo fue examinado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO), el cadáver no contaba con todos sus dientes, le faltaban fragmentos de su brazo derecho y piezas de su mano izquierda.
“Se abrió una investigación en Asuntos Internos del INCIFO, pero no tuvimos respuesta. Las familias son las que encuentran a sus seres queridos. Las autoridades no hacen su trabajo, a mi hermana le pidieron el ID de la cámara del C5 para que les dieran los videos. Estuvimos tocando puerta por puerta, enseñamos las fotos”, dijo Concepción, hermana de Margarita a Crónica.
Cuando la familia de Margarita la reconoció, fueron apoyados por un antropólogo privado que consiguió el colectivo, el cual, durante la revisión, tuvo acceso a los dictámenes periciales de campo y necropsia y se percató que las fotos de criminalística mostraban que la mujer contaba con todos sus dientes y sus extremidades superiores.
“Fuimos con la abuela de Giovanni, le pedimos que nos dejara entrar a su casa, porque las autoridades nos decían que necesitaban una orden. Mi hermana se metió a los mensajes de Margarita, interrogó a sus amistades. Le dije a la licenciada Mariana Alonso que si se hubiera movido de su escritorio, hubieran dado rápido con ella, porque la encontraron a los 12 días en Morelos”.
“En las audiencias esperamos que él hable, porque no dice nada, al mismo tiempo las posponen, teníamos una el dos de junio y la movieron para septiembre; cambian de abogados que no están enterados de la carpeta, así llevamos dos años y es más revictimización”, agregó la hermana de Margarita.
Para la comunidad LGBT+, aún con los avances en derechos y libertades, el acceso a la justicia no es una realidad completa. En el registro de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) del INEGI las personas homosexuales son víctimas de más crímenes de odio con un 29 por ciento de incidencia. Así, se estima que 22.9 por ciento de la población de la diversidad sexual y de género refirió que se le negó, al menos, uno de sus derechos en los últimos cinco años.
A nivel nacional, 989 mil 195 lesbianas, gays y bisexuales declararon haber sido víctimas de discriminación, mientras que personas transgénero fueron 353 mil 274.