El pasado 27 de marzo, Mariana, hija de Carlota y dueña legal de una propiedad ubicada en la Unidad Habitacional Ex-Hacienda Guadalupe, Chalco, fue alertada por vecinos de que su casa había sido ocupada por un grupo de personas desconocidas, quienes comenzaron a sacar muebles, enseres, y colocaron una cadena con candado en la puerta. Este hecho cotidiano -como ya lo perciben los vecinos- desencadenó en un episodio de violencia, desamparo legal y cuestionamiento al derecho más básico de todo ciudadano: el de la propiedad.
Es la historia que Arturo Santana, hijo de doña Carlota, detalla a Crónica en entrevista, a meses del incidente. Hoy, su madre se encuentra privada de la libertad, acusada de homicidio junto con sus hijos Eduardo y Mariana, mientras los invasores enfrentan cargos por despojo agravado.
Despojo: crimen invisible hasta que es demasiado tarde
El delito de despojo no suele llenar titulares. No tiene la espectacularidad de los grandes casos de corrupción ni la urgencia de los feminicidios. Sin embargo, es uno de los más comunes en el país. Tan solo en el Estado de México, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del estado, existen más de 20 mil carpetas de investigación abiertas por este delito en los últimos seis años.
Tan solo el pasado 19 de junio, la Fiscalía mexiquense llevó a juicio penal a 73 personas que formaban parte de la redes de despojo de inmuebles que operaban en el territorio estatal; la mayor parte integrantes de “sindicatos” y organizaciones que a través del engaño o la violencia ocupaban ilegalmente inmuebles o se aprovechaban del abandono de casas o departamentos en municipios del Valle de México.
“El despojo no solo implica la pérdida de una propiedad. Es una herida abierta a la dignidad, a la memoria familiar y a la seguridad personal”, explica María Antonia N, de 63 años, vecina de Chalco y víctima de un caso similar en 2021. “Yo tuve que irme a vivir con mi hija, nunca recuperé mi casa”.
Los invasores, según relatan los testigos del caso Carlota, colocaron una cadena en la puerta, cambiaron cerraduras y comenzaron a instalarse sin mostrar ningún documento válido. Uno de ellos, identificado como Justin, exhibía armas de grueso calibre en redes sociales y tenía antecedentes penales. Según la familia de Santana, todo apuntaba a que se trataba de un grupo con vínculos con la delincuencia organizada.
El incidente: disparos y una tragedia en la puerta
Días después del despojo, el 1 de abril, Mariana y Eduardo regresaron con una orden del Ministerio Público y acompañados por policías municipales. Sin embargo, los uniformados se retiraron cuando la situación escaló. La familia, sola frente a un grupo que consideraban armado y violento, intentó dialogar. Fue entonces cuando, según la versión de Arturo Santana, “los invasores dispararon primero”.
En el video del incidente, que circuló en redes sociales, se escucha un disparo previo a la respuesta armada de Carlota y sus hijos. Justin y Esaú, padre e hijo, e invasores del inmueble, perdieron la vida. La madre de Justin fue procesada por invasión y se encuentra detenida, pero el sistema judicial no se detuvo ahí.
Carlota, de 74 años, diabética y con un estado de salud delicado, fue internada en el penal de Chalco junto con su hijo Eduardo, mientras Mariana recibe atención médica por esquizofrenia. “La ley establece que adultos mayores pueden llevar su proceso en prisión domiciliaria”, señala Arturo, exdiputado. “Pero hasta ahora no se nos ha concedido”.
El aparato legal que no actuó
La historia de Carlota también es la historia de una respuesta institucional que no llegó a tiempo. La policía municipal de Chalco fue notificada, acompañó inicialmente a la familia, pero abandonó el lugar cuando la tensión aumentó. “Los dejaron solos frente a personas armadas”, recuerda un vecino, quien pide el anonimato por miedo a represalias.
Esta omisión institucional no es un hecho aislado. Según el abogado penalista Juan Carlos Luna, especializado en casos de despojo, “la inacción policial es frecuente en estos delitos. A veces por miedo, a veces por corrupción, pero siempre en detrimento de los legítimos propietarios”.
La familia de Santana ha denunciado la negligencia de los cuerpos de seguridad. Arturo relata que después del incidente, y ante la visibilidad del caso, el gobierno del Estado de México reportó la recuperación de más de 400 viviendas invadidas. Pero eso es solo una fracción del problema. “Con más de 20 mil carpetas abiertas, esto no es más que una gota en el océano”, lamenta.
Otras voces, la misma herida
En una reunión improvisada en Chalco, otras víctimas se acercan a compartir su caso. Jesús Meléndez, de 48 años, padre de familia y obrero, fue despojado en 2022 por un grupo que le mostró una escritura falsa. “La compraron en mil pesos. Yo llevaba 15 años viviendo ahí, pagando predial y agua. No importó”.
A su lado, Claudia Moreno, de 55 años, recuerda cómo su esposo fue amenazado cuando intentó recuperar su propiedad. “La policía nos dijo que no podían hacer nada sin una orden judicial. Mientras tanto, estos sujetos rentaban los cuartos a otras personas”.
El patrón se repite: invasiones silenciosas, escrituras apócrifas, participación de notarios corruptos, inacción institucional y violencia.
¿Qué hacer cuando tu casa ya no es tuya?
El caso de Carlota y su hijo Arturo también contrasta con una dimensión política del problema. Si bien ya no es diputado en funciones, busca impulsar reformas legales para proteger a los legítimos dueños de propiedades y detener la complicidad de autoridades y notarios en estos delitos.
“Se necesita una reforma integral. No basta con endurecer penas. Hay que sancionar a notarios que dan escrituras falsas, a funcionarios del Registro Público de la Propiedad que convalidan documentos apócrifos, y detener los descuentos del Fovissste e Infonavit a familias cuyas casas han sido invadidas”, argumenta.
Una de las propuestas es la de elevar el despojo a delito grave y sancionar con penas más altas a los invasores organizados. Pero también hace un llamado a la prevención.“Si permitimos que estos grupos operen impunemente, en poco tiempo no podremos hablar de seguridad jurídica ni de derecho a la propiedad”.
Justicia fragmentada
En este caso, la justicia se muestra ambigua. Por un lado, se han detenido a los invasores y se reconoce que la propiedad era legalmente de Mariana. Por el otro, la misma familia que la defendía está en prisión por homicidio.
“Fue legítima defensa. Nos superaban en número y en armamento. Mi madre actuó en defensa de su casa y su vida”, insiste Arturo. La Fiscalía del Estado de México afirma que continúa su investigación, y se espera que en próximas semanas se decida si Carlota puede continuar su proceso en prisión domiciliaria.
En tanto, la casa en Chalco sigue acordonada. No hay familia que la habite, ni invasores que la reclamen. Es un lugar en pausa, o el rastro de una batalla legal que no ha terminado.
“Confío en la justicia”, dice Arturo, casi como un mantra. “Y espero que esto no se quede solo en nuestro caso. Hay cientos de familias que siguen sufriendo esto en silencio”.