Oficialmente, acabó la huelga, aunque los juzgados de la Ciudad de México no han reanudado atención regular al público y los términos legales en los procedimientos judiciales ya están corriendo nuevamente desde el sábado 5 de julio, lo que representa un riesgo serio para quienes tienen plazos por cumplir y no pueden acceder a los tribunales.
Este lunes los juzgados no abrieron y abogados, así como ciudadanos en litigio, se acercaron sólo para recibir la noticia de que será hasta el miércoles cuando se les reciba.
Algunos juzgados ya reabrieron para personal administrativo, pero durante la mañana otros seguían en cierre total.
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió el Acuerdo V-74/2025, en el que sólo se autoriza la suspensión de términos procesales los días 2, 3 y 4 de julio, fechas en las que diversas instalaciones del Poder Judicial fueron bloqueadas debido a protestas del personal sindicalizado.
A partir del día 5, los plazos se consideran reanudados, lo que significa que todas las actuaciones legales —como la presentación de escritos, cumplimiento de requerimientos, asistencia a audiencias o trámites de defensa— siguen su curso normal, incluso si las partes no pueden realizarlos físicamente debido a la falta de acceso.
Esto implica que personas involucradas en juicios civiles, familiares, laborales o penales podrían verse afectadas por incumplimientos que no son atribuibles a ellas, sino a la imposibilidad de ingresar a los recintos judiciales. En esos casos, la pérdida de un término procesal podría derivar en el cierre de un caso, la imposición de una sanción o la pérdida de derechos, según lo establecido en las normas procesales.
Si bien algunas sedes judiciales han mantenido guardias internas para recibir casos urgentes —como órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, trámites de huelga laboral o guardias penales—, la mayoría de los órganos jurisdiccionales continúan sin operar de forma plena y muchos trámites cotidianos siguen sin poder realizarse.
El documento oficial subraya que solo se reprogramarán las diligencias suspendidas entre el 2 y el 4 de julio, lo que deja sin cobertura a quienes enfrenten afectaciones posteriores. “En caso de no poder cumplir por causa de fuerza mayor, los órganos deberán informarlo de inmediato”, establece el acuerdo. No obstante, no queda claro cómo o en qué medida se protegerán los derechos procesales de las personas afectadas por el cierre físico de las instalaciones.
En ese contexto, abogados y litigantes consultados han expresado preocupación por el vacío operativo que se genera entre la reanudación de términos y la falta de condiciones reales para cumplirlos. En ciertos escenarios, impedir el acceso a la justicia puede constituir una obstrucción judicial, sancionada como delito federal.
Mientras se resuelve el conflicto laboral que afecta al Poder Judicial capitalino, el llamado del Consejo es a mantenerse atentos a las notificaciones electrónicas y canales oficiales para verificar posibles reprogramaciones o medidas extraordinarias. Pero en tanto los términos legales siguen su curso, la responsabilidad jurídica recae ya sobre las partes, independientemente del contexto de huelga.