Integrantes de colectivos de búsqueda de personas denunciaron a los encargados del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) por los presuntos malos tratos que se emplean con los restos de personas víctimas de algún delito que deben de examinar, ya que varios de esos cadáveres corresponden a personas desaparecidas que querían regresar a casa
La denuncia penal impuesta en la Fiscalía de Servidores Públicos por los colectivos Dulce Monse, Caminando por las Calles, Hasta Encontrarles, Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, se basa en la exigencia de la dignidad post mortem.
Reclamaron que algunos cuerpos han sido donados sin autorización a instituciones educativas, como el de Julio César Cervantes Cabañas, cuyo cuerpo fue entregado sin consentimiento al Instituto Politécnico Nacional (IPN), a pesar de estar reportado como desaparecido.
Asimismo, presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la capital, por la violación a los Derechos Humanos dentro del INCIFO.
Las madres acudieron a la Fiscalía tras la difusión de las imágenes donde Andrés Oriol, subdirector de Tanatología del INCIFO, en las que se observa cómo juega con un cráneo al tratar de metérselo a la boca. Además, por las múltiples fotografías que demuestran las condiciones insalubres en las que opera el Instituto, con cuerpos apilados en estado de descomposición y en pisos insalubres.
Reportaron que funcionarios de alto nivel toleraron y celebraron la difusión interna de dicho material en grupos institucionales, lo que normaliza la deshumanización de los cuerpos y restos humanos.
También reprocharon la omisión y encubrimiento sistemático de estas conductas de las autoridades responsables.
Ante estos hechos, exigen la suspensión inmediata del personal involucrado, junto a la investigación autónoma, imparcial y estructural de los hechos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
En consecuencia, la emisión de medidas cautelares y recomendaciones públicas que garanticen la no repetición.
Argumentaron que ante la crisis forense decidieron organizarse colectivamente para exigir justicia, verdad y respeto a la dignidad humana.
“Esta articulación representa una fuerza común desde el dolor, pero también desde la esperanza y la convicción de que sólo unidos lograremos transformar estas prácticas y construir un camino hacia la memoria, la justicia y la garantía de no repetición”, reclamaron.
Los colectivos habían programado la presentación de esta denuncia en el Ministerio Público el pasado cuatro de julio, pospusieron el encuentro por amenazas que recibieron.
“Fuimos amedrentados, recibimos un audio de una persona de confianza que se organizaba un grupo de choque para romper esta conferencia y que se perdiera el mensaje que queríamos comunicarles”, subrayaron.
“No se puede transgredir la dignidad humana, porque aún muertos, tenemos derechos. Desde que no haya insumos, que haya una deshumanización del Instituto, nos está afectando. Nosotros venimos a visibilizar esta indignación y no vamos a seguir permitiendo violación a los Derechos Humanos y a las familias buscadoras, de ningún funcionario del nivel que sea, estamos cansados porque vamos a pelear por nuestros derechos y de nuestros familiares desaparecidos”, agregaron.
Confiaron en que la presentación de esa denuncia es una esperanza para las familias buscadoras, y confiaron en que las Comisión de Derechos Humanos procederá a favor de los colectivos.
Adelantaron que la próxima semana se reunirán con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y exhortarán a organismos internacionales la denuncia penal.