Con la colocación simbólica de la primera piedra en el predio de la antigua fábrica Yale, ubicado en el Centro Histórico, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, formalizó el inicio del programa “Vivienda Pública para Renta”.
Con esta política se busca garantizar el acceso a vivienda digna y asequible en zonas céntricas de la capital, especialmente a sectores históricamente excluidos como jóvenes, mujeres jefas de familia, personas mayores, trabajadores informales y familias desalojadas.
Primeros resultados y metas: mil viviendas este año, 20 mil al cierre del sexenio
La mandataria capitalina informó que este año el gobierno ya dispone de mil viviendas en renta, distribuidas en predios ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
Estas unidades habitacionales estarán disponibles entre finales de 2025 y principios de 2026. Se proyecta alcanzar al menos 20 mil viviendas públicas en arrendamiento al cierre de la administración, lo que cubriría la mitad del déficit actual en esta modalidad.
Durante el acto de presentación, enmarcó la urgencia de construir políticas públicas que mitiguen el encarecimiento de rentas y el desplazamiento de familias de sus colonias de origen.
“No se puede hablar de bienestar si no hay un lugar asequible donde vivir. No se puede hablar de justicia si las familias tienen que salir expulsadas de sus barrios”, enfatizó.
Puntualizó que cerca del 50 por ciento del ingreso familiar en la ciudad se destina actualmente al pago de rentas, y en muchas zonas el precio se ha duplicado en pocos años, con viviendas que costaban 14 mil pesos ahora por arriba de 28 mil.
En ese contexto, indicó que su gobierno trabaja en un conjunto de reformas y estrategias integrales para estabilizar los precios del alquiler y arraigar a la población en sus comunidades.
“Este es apenas el inicio de una serie de medidas que estaremos anunciando para enfrentar la gentrificación. Queremos que las personas se queden en la Ciudad de México y vivan mejor, sin destinar todo su salario a la renta ni ser expulsadas a zonas sin servicios o fuera del territorio capitalino”, explicó.
Inversión pública y reserva territorial para el programa
Como parte del plan, se está utilizando suelo público con una inversión de más de 600 millones de pesos en reserva territorial, adquisición de inmuebles y construcción. Los edificios en desarrollo se localizan en la colonia Doctores (proyecto piloto en curso), Buenos Aires, Centro Histórico, El Rosario (Azcapotzalco) y Tacuba (Miguel Hidalgo). En total, se prevé la habilitación de al menos 550 departamentos nuevos con una superficie promedio de 60 metros cuadrados.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, detalló que solo en 2026 se garantizará la entrega de las primeras mil viviendas para arrendamiento público, lo que representa una meta concreta en el primer año de operación del programa.
“Este modelo es parte de un nuevo paradigma de vivienda asequible en la Ciudad de México. Se trata de arrendamientos con montos estrictamente accesibles, que no superen el 30 por ciento del ingreso familiar”, señaló.
En ese sentido, explicó que una persona que gana un salario mínimo podrá rentar una vivienda por alrededor de 3 mil pesos mensuales, mientras que quienes perciban hasta tres salarios mínimos pagarían poco más de 7 mil 500 pesos.
Los criterios de acceso serán establecidos mediante convocatorias públicas y reglas claras, en las que se priorizará a los sectores más vulnerables.
Base legal e incorporación al INVI
También recordó que el programa ya está formalmente incorporado en las reglas de operación del Instituto de Vivienda (INVI), tras su publicación en la Gaceta Oficial. Además, destacó que la experiencia internacional respalda este modelo.
“En París, el 25 por ciento de la vivienda es pública y se renta; en Viena o Nueva York es incluso mayor. En ciudades como Bilbao este modelo tiene 100 años de existencia”, apuntó.
Clara Brugada también anunció que las viviendas públicas incluirán infraestructura comunitaria como lavanderías, comedores, Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, todo enmarcado en una visión de ciudad incluyente y con un Sistema de Cuidados que facilite la vida cotidiana de las familias sin que la carga recaiga exclusivamente en las mujeres.
“No se trata solo de construir viviendas, sino de generar proyectos de vida. Vamos a convertir estas edificaciones en espacios de bienestar y comunidad. Queremos dejar sentadas las bases de una política pública permanente, que transforme el derecho a la vivienda en una realidad y que impida que vivir en la ciudad sea un privilegio”, afirmó.
Por último, tanto Brugada como Muñoz Santini agradecieron a empresarios y dueños de predios, como Carlos Beja, por su colaboración con el gobierno para convertir antiguas propiedades industriales o sin uso en espacios habitacionales. También reconocieron el impulso de colectivos de jóvenes, como Comuna Hogar, que desde la sociedad civil han presionado para que el derecho a la vivienda en renta sea una prioridad pública.
El gobierno capitalino se comprometió a mantener un seguimiento anual del programa, incrementando metas y ampliando la reserva territorial con nuevos predios.