Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia; y de Justicia Cívica y Defensoría Pública, del Congreso capitalino, avalaron la propuesta enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que busca regular a los franeleros o “viene-viene”.
La propuesta contempla un arresto administrativo de hasta 36 horas para quienes aparten o cobren por lugares de estacionamiento en la vía pública, con el fin de garantizar el uso libre del espacio público y erradicar los abusos.
Con 17 votos a favor y dos abstenciones (de Movimiento Ciudadano y PRI) la propuesta fue avalada; de acuerdo con la mayoría de los legisladores, la iniciativa tiene el propósito recuperar la vía y espacio público e inhibir delitos como amenazas, intimidación, extorsión, robo de vehículos y autopartes, lesiones o daños en propiedad ajena, por parte de franeleros.
El documento aprobado expone la preocupación de que en diversos puntos de la Ciudad de México se presenta una problemática en la que se impide y estorba el uso de la vía y el espacio público por parte de personas que ofrecen servicios de estacionamiento, cuidado, lavado, hojalatería o reparaciones menores de vehículos, sin contar con un permiso.
Los legisladores morenistas coincidieron que la iniciativa no penaliza a las personas trabajadoras no asalariadas o que se encuentren en situación de calle, sino que sanciona a quienes realizan las conductas que afectan derechos de terceras personas por: obstruir, estorbar o impedir el uso de la vía y espacio público; coaccionar a personas para obtener dinero; y cobrar por el uso de un espacio público que no les pertenece.
Al presentar el dictamen, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, reiteró que el propósito es que las personas gocen de la movilidad, al uso y disfrute del espacio público.
Indicó que la reforma presentada por Brugada permitirá abordar de mejor manera la problemática de apropiación indebida de la vía y el espacio público que realizan los franeleros, ya que al prohibir las conductas que afectan o vulneran la movilidad y la accesibilidad a espacios públicos se mejora la seguridad en la ciudad.
El diputado panista Mario Enrique Sánchez Flores, presidente de la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública, señaló el motivo por el que su grupo parlamentario apoya este dictamen. El legislador presentó una reserva, pero fue rechazada.
“Estamos convencidos de que el uso indebido del espacio público es una problemática que requiere atención y regulación, y porque nunca nos negaremos a apoyar reformas que beneficien a los capitalinos”; aunque consideró que la iniciativa debió ser turnada únicamente a la comisión que encabeza.
Se les puede llegar a criminalizar a personas infractoras
La diputada Tania Nanette Larios Pérez (del PRI) se pronunció a favor del dictamen en términos generales; aunque pidió tener sensibilidad para las personas infractoras, debido a que se les puede llegar a criminalizar.
Royfid Torres González, diputado de Movimiento Ciudadano, consideró que esta propuesta es mejorable, ya que lo que se regula en el artículo 28 Bis ya está establecido en la ley vigente; y existe una contradicción entre los artículos 28 y 28 Bis en cuanto a la ocupación total de la vía pública para obtener un beneficio, que puede referirse al comercio informal, y es difícil cumplir con los arrestos y sanciones señaladas, por lo que propuso una mayor discusión del tema.