El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que durante el primer semestre del 2025, firmó 20 convenios de colaboración, en los que se establecen acciones de coordinación con distintas instituciones para fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales, así como la organización y desarrollo de procesos de elección y de consulta ciudadana.
Desde su creación, en 1999, a la fecha, el IECM ha suscrito 851 instrumentos jurídicos, de los cuales 731 han concluido y 120 se encuentran vigentes.
El IECM precisó que de los 20 acuerdos celebrados, 17 fueron con dependencias gubernamentales, 2 con instituciones académicas y 1 con un organismo nacional.
Además de los 20 acuerdos celebrados de enero a junio de 2025, están en proceso de suscripción 5 convenios de colaboración, 2 con instancias gubernamentales, 2 con un organismo autónomo y 1 con una institución académica.
Destacan 3 convenios
Entre los 20 convenios, destacan 3 suscritos firmados recientemente, el primero con el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual tuvo como propósito establecer bases y mecanismos de coordinación para el desarrollo de la Elección de diversos cargos del Poder Judicial federal y local.
El segundo, firmado con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Ciudad de México, con el fin de establecer bases y mecanismos de apoyo y colaboración para desarrollar estrategias en materia de prevención, investigación y persecución de delitos electorales cometidos durante la Jornada Consultiva de Presupuesto Participativo 2025, que se llevará a cabo el próximo 17 de agosto, así como en la jornada de la Elección del Poder Judicial local del pasado 1 junio.
El tercero, celebrado con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE), con el objetivo de fijar bases de colaboración para desarrollar acciones encaminadas a dar cumplimiento al “Programa Operativo de la Red de Mujeres Juzgadoras. Candidatas y Electas”, una iniciativa que busca promover la participación política de las mujeres en el ámbito judicial y garantizar entornos seguros y equitativos para ellas.