Autoridades de seguridad locales y federales iniciaron la “Operación Liberación”, despliegue operativo que busca desmantelar células delictivas en el Estado de México que extorsionan a los ciudadanos a través de establecimientos comerciales, con la exigencia de adquirir productos y materiales en las empresas de los criminales a cambio de no atentar contra su vida.
En este plan de seguridad, fue desmantelado un grupo delictivo perteneciente a “La Familia Michoacana” que mantenía 63 establecimientos comerciales en 14 municipios en los que se extorsionaba para condicionar la venta de material de construcción, animales, abarrotes y diversos alimentos (pago de cuotas u obligar a comprarle a cierto proveedor).
El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, explicó que a través de la “Operación Liberación”, en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria, fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de ocho objetivos prioritarios relacionados con extorsión en minas, comercializadoras, distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, cerdo, así como de huevo y cárnicos, además de transporte de carga y manipulación de paquetería.
Asimismo, eran piezas fundamentales de las estructuras de financiamiento de “La Familia Michoacana”.
Se trataba de sujetos que bajo el nombre de comerciantes, líderes sindicales o servidores públicos, convivían en las comunidades y algunos eran destacados empresarios que dañaban económicamente a las comunidades.
Para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos, desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción.
Material de obra tenía que ser adquirido en tiendas de criminales
Uno de los detenidos, Eli “N”, dueño de dueño de una casa de venta de materiales y almacén “JIMEX”, ubicada en el municipio de Valle de Bravo, presuntamente era la única persona autorizada por la Familia Michoacana para distribuir cemento y materiales de construcción en esa región de la entidad.
Es decir, nadie edificaba algún predio si el material no era comprado en su empresa al precio que él imponía.
Así, Gonzalo “N” identificado como líder del Sindicato “Bradosva”, era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava y varilla.
El sujeto es indagado por extorsión agravada, ya que el 20 de febrero de 2025, en conjunto con varios sujetos armados, interceptó a la víctima sobre la carretera libre Valle de Bravo -Toluca, para exigirle el pago de “derecho de piso”, para poder entregar material de construcción en la zona, además le impuso una cuota de 15 mil pesos por ingreso y dos mil 500 por cada viaje de material que realizara.
Cuando algún particular o constructora independiente intentaban trasladar materiales de construcción en vehículos ajenos al Sindicato “Bradosva” exigía a los choferes y responsables fuertes sumas de dinero a cambio de no “quemar o tirar” su obra, incluso los llegó a privabar de su libertad.
De manera simultánea, Alicia “N” tenía bajo su responsabilidad la contabilidad y operaciones financieras de establecimientos destinados a la venta de materiales pero en este caso en la región de Ixtapan de la Sal y municipios aledaños.
La mujer obligaba a los clientes de los establecimientos a adquirir productos con incrementos del 20 por ciento y en caso de no acceder los amenazaba con que “los levantarían o hasta los matarían”.
Ella se encargaba de persuadir a los clientes y para ello los alojaba en un hotel que administraba. Para acreditar su relación con los grupos criminales les mostraba sus caballerizas que alojaban más de 50 caballos finos.
Derecho de piso por madera
Asimismo, Jorge “N”, era líder de madererías en el municipio de Valle de Bravo. Por sus órdenes, no se podía alquilar o vender un solo polín o tablas sin que fueran comercializados por este sujeto, esto incluía maderas finas para interiores de cabañas y fincas de la región.
El hombre es investigado por el ilícito de extorsión agravada, ya que, en el mes de marzo de 2025, amenazó a un comerciante de madera, a quien le exigió 100 mil pesos para que pudiera comercializar sus productos, además de que de manera periódica, tendría que entregarle una cuota mensual de acuerdo a las ventas, además de que sólo podría comprarle la madera a él.
En tanto, Yareli “N”, quien era la cuarta regidora municipal y estaba en complicidad con “La Familia Michoacana”, fue aprehendida por el crimen de secuestro exprés con fines de extorsión, por hechos del mes de abril de 2025 cuando participó en el secuestro de un comerciante de muebles, en el municipio de Ixtapan de la Sal.
La víctima fue trasladada a una habitación de un hotel, donde Yareli “N” le exigió una “cuota o de lo contrario le daría piso a él y a su familia”.
Del mismo modo, José Fernando “N”, es identificado como dueño de madererías ubicadas en la región de Ixtapan de la Sal. El presunto criminal aumentaba el precio de la madera para entregar ese numerario a integrantes de un grupo delictivo y llevaba a cabo trabajo de logística por medio de operadores de servicio público taxi.
En enero de 2025 amenazó a una persona que debía pagar 20 por ciento más del costo total por la compra de productos maderables.
Cuotas de extorsión por kilo de carne
También, Antonio “N”, era encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, mismo que a través de un establecimiento comercial ubicado en este municipio imponía a los clientes una suma económica de cinco pesos por cada kilogramo que pesaban las cabezas de ganado que llevaban.
El pasado 11 de marzo, en complicidad con dos personas más, amenazaron con asesinar a la víctima en caso de que se negara a “comprar carne de res y de cerdo con él” o adquiriera dichos productos con algún otro proveedor.
En otra operación, Bernardo Alejandro “N” fue capturado en el estado de Quintana Roo. De acuerdo con las investigaciones, el sujeto también colaboraba con la Familia Michoacana para la venta de pollo a comerciantes del municipio de Ixtapan de la Sal.
Bernardo Alejandro “N” es investigado por el delito de extorsión agravada, dado que el 13 de mayo de 2025, amenazó al dueño de un negocio de venta de pollo, a quien le indicó que no podía negarse a comprar este producto con él, porque de lo contrario le causaría daño.
Alianzas con sindicatos
El grupo delincuencial que mantenía comercios utilizados para extorsionar se apoyaba de sindicatos para cobrar las cuotas. Quienes quisieran comprar algún material en Dobato Guerra y Villa de Allende, tenían que acudir a las oficinas del “Sindicato Libertad” ubicado en Donato Guerra en donde les entregaban un “vale” que era cambiado en lugares “autorizados” por la organización criminal.
En las minas “San Juan”, “Michoacana”, “Nieto” y “Velázquez” ubicadas en el municipio de Donato Guerra, fue posible establecer que en esto sitios también presuntamente forman parte de los esquemas extorsivos ya que era la única organización autorizada a entregar y transportar el material adquirido a través del “Sindicato Libertad”.
En Ixtapan de la Sal los integrantes de grupos delictivos operaban a través de la casa de materiales “Ávila” y “Omega” propiedades de Eli “N”, quien desde hace tiempo se encargaba de prestar unidades de transporte y lugares para almacenar material para el sindicado “Libertad” y ahora “Bradosva”.
En esta demarcación también era operado un establecimiento de materiales para construcción denominado “El Boulevard”, así como otros establecimientos como “Grupo Vulcano”, “Aceros Omega”, “Vidriería Liverpool”, y la maderería de “Santa María” con los que controlaban dicho mercado.
Este entramado criminal, tenía presencia además en los municipios de Malinalco a través de una casa de un “Construrama” y almacén “Malinalco” así como una casa de materiales para la construcción con razón social “Ferremateriales La Coyota”, en tanto que, en el municipio de Tenancingo, se encontraba la casa de materiales “Lobo”.
En Temascaltepec, operaba un comercio con razón social “Casa Villa”, que presumiblemente utilizaba de manera apócrifa la denominación de “Construrama”.
Entre los inmuebles investigados que fueron asegurados se encuentra la carnicería “Don Celes” en el municipio de Texcaltitlán, donde Antonio “N”, los días martes habilitaba una báscula, para pesar ganado que se comercializaba en un mercado e imponía a los clientes una suma económica de 5 pesos por cada kilogramo.