Ante el incremento de denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino presentó la Estrategia Integral contra el Despojo, que contempla la instalación formal del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, la creación de una Unidad Operativa Especializada y una serie de reformas legislativas que elevan las penas por este delito hasta 22 años de prisión.
El delito de despojo, señalaron las autoridades, tiene efectos devastadores sobre la vida de las personas, al vulnerar su patrimonio y su derecho a la vivienda. De forma particular, afecta a adultos mayores, personas con discapacidad, familias en condiciones precarias y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Un problema multifactorial y estructural
El Gobierno de la Ciudad reconoció que el despojo es un fenómeno multifactorial, que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y, en muchos casos, redes criminales que operan con total impunidad.
Ante esta situación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó la instalación formal del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya operaba desde hace cuatro meses. Este gabinete está coordinado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.
Participan también el Poder Judicial, el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Vivienda, la Dirección de Regularización Territorial, el INVEA, el Registro Civil, SERVIMET, y se ha convocado a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad.
Tipologías del despojo y formas de atención
El secretario de Gobierno, César Cravioto, detalló que los casos de despojo se agrupan en tres grandes categorías:
- Actos simulados e ilícitos, como la falsificación de documentos para apropiarse de un inmueble.
- Despojo con violencia, mediante amenazas o uso de la fuerza para expulsar a los habitantes.
- Usufructo ilegítimo, cuando hay una indefinición de la propiedad y un tercero se aprovecha para tomar posesión.
Para enfrentar esta problemática, se creó una Unidad Operativa Especializada contra Despojos, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Esta unidad tendrá como objetivo proporcionar los insumos necesarios para atender cada caso de forma eficaz, articulando acciones entre las dependencias integrantes del Gabinete.
Además, ya se instalaron mesas de atención ciudadana como la ubicada en el Zócalo Capitalino, que en tres semanas ha atendido a casi 150 personas. La población puede también reportar casos a través del programa Casa por Casa, redes sociales, Territorios de Paz, denuncias al Ministerio Público, Locatel (911), o mediante la línea telefónica directa 55 53 45 81 20.
Reforma penal: penas hasta de 22 años sin derecho a fianza
Una de las acciones centrales será la reforma al artículo 237 del Código Penal de la Ciudad de México, para ampliar el tipo penal de despojo y endurecer las sanciones. La fiscal Bertha Alcalde anunció que las penas pasarán de un rango de 6 a 11 años, a entre 12 y 22 años cuando existan agravantes.
Estas agravantes incluyen la comisión del delito por parte de servidores públicos, notarios o sus ayudantes, o cuando se cometa en agravio de grupos vulnerables, como personas mayores, embarazadas, pueblos indígenas, menores de edad o descendientes de propietarios legítimos.
También se incorpora una nueva figura en el artículo 238 bis, que equipara al despojo la posesión ilegítima de un inmueble cuando una persona se niega a desocuparlo a pesar de una resolución judicial o requerimiento legal. Esto permitirá, entre otras cosas, realizar detenciones en flagrancia, algo que anteriormente era difícil en estos casos.
Fraudes notariales y blindaje registral
Las autoridades también buscan cerrar una de las principales vías utilizadas para cometer despojos: el uso de escrituras falsas o simuladas, muchas veces emitidas por notarios de otros estados de la República.
Para ello, se propondrán reformas a la Ley del Registro Público de la Propiedad y a la Ley Registral de la Ciudad de México, que obligarán a que cuando un notario de otra entidad presente una escritura en la CDMX, ésta vaya acompañada de una constancia emitida por la autoridad que regula la función notarial en su estado de origen.
Asimismo, se fortalecerá el sistema de alertas inmobiliarias para que cualquier persona pueda ser notificada si hay movimientos sobre su propiedad, y se facilitarán inscripciones precautorias para proteger bienes públicos o inmuebles en riesgo.
Fortalecimiento institucional
La Fiscalía General de Justicia anunció que separará funciones en su estructura: se creará una Fiscalía Especializada exclusiva para casos de despojo, mientras que otra unidad se encargará de delitos ambientales, que actualmente están agrupados.
También se aumentará el número de Ministerios Públicos, Policías de Investigación y peritos, y se establecerá un equipo de atención a casos prioritarios, como aquellos que se cometen mediante modus operandi reiterado o por grupos delictivos organizados.
Campaña de prevención ciudadana
Además de la atención institucional y legal, el Gobierno capitalino lanzará una campaña permanente de prevención, para enseñar a la ciudadanía a detectar fraudes, saber cómo reaccionar ante amenazas o trámites irregulares, y reconocer intentos de suplantación o simulación legal.
La campaña incluirá orientación sobre cómo detectar si alguien solicita información sobre un inmueble, qué hacer si se reciben notificaciones judiciales apócrifas, y cómo poner en regla la documentación de una propiedad.
“Cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad”
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfatizó que esta estrategia responde a una prioridad de su administración: proteger a las familias capitalinas, su patrimonio y su tranquilidad.
“El delito de despojo lastima profundamente a las personas, rompe vínculos familiares y comunitarios, y muchas veces se comete contra quienes menos pueden defenderse. Por eso, vamos a enfrentarlo con una estrategia estructural, coordinada, interinstitucional y con enfoque de derechos humanos”, dijo Brugada.
Finalmente, reiteró que la defensa del hogar y la propiedad legítima es una política de paz y justicia social.
“Cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad; es cuidar la seguridad de las familias. Defender el patrimonio es defender el bienestar de las personas en la Ciudad de México”.
La iniciativa de reformas será presentada en breve ante el Congreso local para su discusión y aprobación.