
Desde la colonia Buenos Aires, clasificada como zona de “tensión inmobiliaria”, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la publicación del Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Producción de Vivienda Social, Pública y Asequible, con el cual se busca eliminar las principales trabas burocráticas que han dificultado por décadas el acceso a una vivienda digna en la capital del país.
Este acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, contempla una reducción de hasta 85 por ciento en tiempos de trámite, la instalación de una Ventanilla Única interinstitucional, así como beneficios fiscales y medidas para garantizar la transparencia, eficiencia y trazabilidad en los procedimientos.
Menos burocracia, más vivienda
El proyecto central del nuevo acuerdo es simplificar 11 trámites esenciales que hoy pueden tomar entre cuatro y seis años. Con las nuevas disposiciones, los procesos más largos pasarán a resolverse en cuatro meses y muchos otros en tan sólo 15 días.
Entre las medidas están:
- Opinión de valor de predios por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas: de cuatro meses a un mes.
- Factibilidad de servicios hídricos, por la Secretaría de Gestión Integral del Agua: de 80 a 10 días hábiles.
- Evaluación de impacto ambiental, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente: de 40 días hábiles a un día en casos sin arbolado ni colindancia con áreas protegidas.
- Dictámenes de seguridad estructural, emitidos por el Instituto de Seguridad para las Construcciones: de 225 días a 15 días naturales.
- Exención de pagos de derechos, en ciertas materias de vivienda pública.
Adicionalmente, se implementará una plataforma digital única donde los solicitantes podrán consultar el estado de sus gestiones en tiempo real. Esto no sólo dará certeza a la ciudadanía, sino que permitirá vigilar el cumplimiento de los nuevos tiempos establecidos.
Prioridad para quienes fueron desplazados
El acuerdo no se limita a facilitar la gestión de proyectos; también establece un enfoque claro hacia zonas de alta presión inmobiliaria y población que ha sido desplazada de zonas céntricas por los efectos de la gentrificación.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se priorizará el acceso a vivienda asequible para las personas expulsadas de zonas como Roma, Condesa, Juárez o Buenos Aires. “Vamos a recibir directamente a quienes han sido desplazados para incorporarlos a los nuevos proyectos”, dijo, al anunciar que próximamente se instalará una mesa de atención ciudadana en el Zócalo para registrar casos.
Comienzo de una nueva política habitacional
Este anuncio fue acompañado de la presentación de un proyecto piloto de vivienda pública en renta para jóvenes, que será construido por la cooperativa Comuna Hogar en un predio de 476 metros cuadrados, ubicado en Doctor Gilberto Bolaños Cacho 22, en la colonia Buenos Aires.
Este conjunto ofrecerá 27 viviendas de renta asequible, con precios entre 3 mil y 6 mil pesos mensuales, áreas verdes, captación de agua de lluvia, aprovechamiento de aguas grises, energía solar y espacios comunes de convivencia. Cumplirá con la Norma 26 y garantizará que al menos 41% del terreno esté destinado a uso verde o común.
Según explicó el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, este modelo será replicado en otras zonas y formará parte del programa de vivienda pública en arrendamiento, que contempla al menos 20 mil viviendas nuevas y rehabilitadas dentro del compromiso mayor de 200 mil acciones de vivienda en el sexenio.
“Este no es un hecho aislado. Forma parte de una política integral para combatir los efectos de la gentrificación y garantizar vivienda como un derecho, no como un negocio”, subrayó Muñoz.
Avance estructural para una ciudad justa
Clara Brugada reconoció que, pese a los múltiples esfuerzos históricos por construir vivienda social, la burocracia ha sido el mayor muro a derribar.
“Hay personas que han pasado 20 años gestionando una vivienda sin obtenerla. Eso se acaba hoy. Este acuerdo rompe con décadas de ineficiencia”, sentenció.
Con un presupuesto histórico de 9 mil millones de pesos para vivienda en 2025, el Gobierno capitalino apuesta por proyectos diversos: desde mejoramiento de vivienda existente, hasta rehabilitación de unidades afectadas por sismos, como Tlatelolco. También se contemplan viviendas para jóvenes, mujeres, madres solteras, adultos mayores y otros sectores que históricamente han tenido menor acceso al suelo urbano.
El modelo busca además repoblar las zonas centrales de la ciudad, evitando el crecimiento de la mancha urbana en áreas de conservación. “No se construirán viviendas donde no haya servicios ni en pueblos originarios que puedan ver dañada su cohesión comunitaria”, recalcó Brugada.
Próximos pasos
Las autoridades informaron que en las próximas semanas se dará a conocer una lista de proyectos estratégicos para las zonas tensionadas y los criterios con los que se seleccionará a las personas beneficiarias, particularmente aquellas que puedan comprobar haber sido desplazadas.
Además, continuarán los foros públicos sobre el fenómeno de la gentrificación y el derecho a la ciudad. El foro programado para este miércoles en la zona Condesa se realizará el sábado a las 12:00 horas en el Parque España, mientras que el foro de Patrimonio, Identidad y Arraigo se llevará a cabo el lunes a las 17:00 horas en el Museo de la Ciudad.
“Proyecto de vivienda es proyecto de vida”, dijo Brugada, “y este acuerdo representa un paso histórico hacia una ciudad democrática, incluyente y sustentable”.