La Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal del Congreso capitalino sostuvo una reunión de trabajo con enlaces de las 16 alcaldías con la finalidad de presentar el diagnóstico y la propuesta para la asignación de recursos a las demarcaciones, destinados a la mejora y mantenimiento de las unidades habitacionales de interés social.
En el marco de los trabajos para la creación de la nueva ley de régimen condominal, el diputado del PRI Omar Alejandro García Loria, presidente de dicha comisión, explicó que esta acción es fundamental para brindar la mejor atención a la ciudadanía que habita estos inmuebles.
El legislador comentó que actualmente una tercera parte de la población capitalina vive en unidades habitacionales, y que ante las problemáticas expresadas por la ciudadanía y los enlaces de las alcaldías, se propone buscar que el 3.3 por ciento del presupuesto de las demarcaciones se destine a unidades habitacionales.
Dio a conocer que actualmente se realiza un esfuerzo enorme cruzando información y colaboración con las alcaldías, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la ciudadanía.
Destacó que esta información servirá para que pronto se cuente con la nueva ley, necesaria para garantizar la buena convivencia y bienestar de la población.
Principales problemáticas
El secretario técnico de la comisión, Pavel Israel Zugaide Pimentel, afirmó que entre los principales problemas detectados en estas viviendas está la necesidad de rehabilitación, obras profundas y atención a daños por sismos, así como clarificar derechos, obligaciones y la buena administración.
Respecto a la calendarización de los trabajos, mencionó que la fecha límite para corroborar padrones de unidades habitacionales, así como emitir aportaciones y observaciones, es el 25 de agosto de 2025. Mientras que la presentación de la iniciativa que se está realizando y las reuniones con las alcaldías empezará la primera semana de septiembre del mismo año.
En su participación, las y los enlaces de las alcaldías expusieron que existen problemáticas relacionadas con la falta de pago de mantenimiento, los altos costos de protocolarización, la falta de regulación de establecimientos mercantiles en espacios de convivencia común y la necesidad de una ley que ayude a un ordenamiento adecuado.
Señalaron que se requieren más datos sobre la población y necesidades de estas viviendas, así como sus años de antigüedad, las reglas de operación de recursos y establecer áreas de atención en la materia, pues no existen en todas las alcaldías.