Multas de hasta 46 mil 924 pesos para arrendadores que incrementen las rentas por encima de la inflación, un registro digital obligatorio de contratos y la creación de una defensoría gratuita para atender conflictos entre propietarios e inquilinos forman parte de la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México, entregada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso local.
La propuesta es con el fin de establecer reglas para los contratos de arrendamiento, reforzar los derechos de las personas inquilinas y crear mecanismos de atención ante posibles abusos, además de incorporar medidas de acompañamiento social para quienes enfrenten un desalojo.
Uno de los principales planteamientos es establecer sanciones de entre 100 y 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —que representa una sanción de entre 11 mil 731 y 46 mil 924 pesos— para los propietarios que aumenten la renta por encima de la inflación del año anterior, reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sin embargo, el límite a los incrementos de renta no sería completamente nuevo, ya que actualmente la ley establece que los aumentos anuales no deben rebasar la inflación del año anterior, pero esta iniciativa plantea trasladar y desarrollar esa disposición dentro de un nuevo marco legal con mecanismos específicos de registro, atención y sanción.
El proyecto también señala que, si al concluir un contrato el propietario pretende renovar el arrendamiento con un aumento superior al permitido, la persona inquilina podría continuar pagando la renta anterior más el ajuste autorizado; en ese supuesto, el contrato se consideraría prorrogado por un año adicional. Además, el inquilino podría reclamar la devolución de los montos cobrados en exceso.
Registro obligatorio de contratos
La iniciativa propone crear un registro digital de contratos de arrendamiento, a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), con ello, los propietarios tendrían un plazo de 30 días, a partir de la firma, para registrar el contrato y entregar a la persona inquilina la constancia correspondiente.
Dicho registro incluiría información como los nombres de las partes, la ubicación y superficie del inmueble, el monto de la renta, el depósito, la garantía solicitada y la duración del contrato. Estos datos no serían públicos y sólo podrían divulgarse mediante una orden judicial.
De acuerdo con el documento, el registro constituye una formalidad esencial para la validez del contrato y atribuye al arrendador la responsabilidad de realizarlo. Además, contempla que la persona inquilina pueda registrar si el propietario incumple con esa obligación.
También habría multas en caso del incumplimiento de los plazos para registrar el contrato y entregar la constancia, más fácil es serían equivalentes a entre uno y tres meses de renta. En cambio, la omisión de entregar el contrato original a la persona inquilina se castigaría con entre 25 y 50 UMA, es decir, de 2 mil 932 a 5 mil 865 pesos.
Defensoría gratuita y prohibición de cobros adicionales
Otro de los mecanismos previstos es la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social; esta brindaría asesoría, representación jurídica, mediación y conciliación gratuitas para resolver controversias entre arrendadores e inquilinos.
Entre los derechos que la iniciativa reconoce a las personas arrendatarias se encuentra la prohibición de exigir pagos adicionales a la renta (salvo los conceptos acordados por mantenimiento y servicios); limitar a una sola la garantía de cumplimiento, así como recibir el contrato original y recuperar el depósito al entregar el inmueble, con las deducciones que correspondan por adeudos comprobados.
También se prohíbe cobrar a los inquilinos los gastos por intermediación, elaboración de contratos, consultas de historial crediticio, comprobaciones fiscales, seguros jurídicos u otros costos relacionados con la formalización del arrendamiento.
Además, la propuesta incorpora una prohibición expresa de discriminar a quienes busquen rentar una vivienda por motivos como origen étnico, apariencia, género, edad, discapacidad, condición social o migratoria, religión, orientación sexual, identidad de género, embarazo o por vivir con niñas, niños o animales de compañía.
Acompañamiento ante desalojos
En materia de desalojos, la iniciativa plantea instalar un Gabinete de Acompañamiento Social para identificar las condiciones de las personas que habitan un inmueble cuando exista un procedimiento judicial para su desocupación.
El mecanismo contempla visitas sociales previas para detectar la presencia de personas en situación de vulnerabilidad, posibles riesgos de violencia de género y la existencia de animales de compañía, así como explorar alternativas de atención social o habitacional.
El gabinete estaría integrado por dependencias capitalinas como las secretarías de Gobierno, Vivienda, Bienestar e Igualdad Social y Seguridad Ciudadana, además de la Consejería Jurídica, el DIF, el C5, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la propia Defensoría.
El proyecto aclara que el acompañamiento institucional no podrá interferir con las resoluciones judiciales ni con la ejecución material de un desalojo; también prevé medidas para evitar que las pertenencias de las personas afectadas queden abandonadas en la vía pública y que los animales de compañía sean dejados atrás.
La Secretaría de Vivienda podría proporcionar transporte y almacenamiento de pertenencias, sujeto a la disponibilidad presupuestaria y dirigido a personas de grupos de atención prioritaria que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica. La iniciativa no establece una cantidad económica universal ni garantiza apoyos directos para todas las personas desalojadas.
Contratos de al menos un año
El proyecto establece que los contratos de arrendamiento de vivienda tendrán una duración mínima de un año; señala que los propietarios sólo podrán exigir una garantía de cumplimiento y deberán mantener el inmueble en condiciones adecuadas, atender reparaciones y devolver el depósito al término del arrendamiento, con las deducciones procedentes.
Para los arrendadores, la iniciativa reconoce el derecho a recibir el pago de la renta, solicitar indemnización por daños atribuibles a los inquilinos y acudir a los mecanismos gratuitos de mediación y asesoría. Asimismo, contempla la posibilidad de solicitar autorización a la Defensoría para incrementar la renta por encima del límite ordinario cuando se acrediten mejoras sustantivas en el inmueble.
Ciudadanos podrán participar en Parlamento Abierto
El Congreso de la Ciudad de México informó que esta iniciativa —junto con otras tres presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada— serán turnadas a comisiones esta semana para iniciar su análisis, con un plazo ordinario de 45 días hábiles para elaborar los dictámenes, periodo que podrá ampliarse por otros 45 días mediante una prórroga.
Como parte del proceso legislativo, se abrirá un ejercicio de Parlamento Abierto, que permitirá incorporar la participación ciudadana al análisis de las iniciativas antes de que las comisiones correspondientes emitan sus dictámenes.