De acuerdo con el modelo de búsqueda generalizada  del Gobierno de la Ciudad de México para ubicar a personas desaparecidas, el 44.8% de los casos involucra a individuos que se ausentan por decisión propia. 

"Encontramos indicios de vida posteriores a la fecha de ausencia de la persona, es decir, que si una persona fue reportada como desaparecida en el mes de diciembre del 2021, encontramos que hizo actos jurídicos o trámites en 2022", indicó el Jefe del Gobierno capitalino, Martí Batres.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario, proporcionó detalles adicionales sobre las razones detrás de las desapariciones y el enfoque adoptado para abordar esta problemática.

En el marco de un modelo de búsqueda que aborda las complejidades de las desapariciones, Batres informó que el 36% de las personas localizadas se alejaron debido a conflictos personales, mientras que el 7% lo hizo a causa de enfermedades mentales. Además, el 3% se ausentó por accidentes, el 4.6% fue víctima de delitos de alto impacto, el 2.4% enfrentó homicidio y el 0.7% se desvinculó por "motivos no delictivos".

Un aspecto destacado de la estrategia es el cruce de datos con diversas fuentes, como el Registro Civil, actas de defunción y matrimonio, así como listados de programas sociales, incluyendo la vacunación contra el Covid-19 y subsidios. Este enfoque integral permitió identificar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición, una herramienta fundamental en la búsqueda.

Las acciones de búsqueda incluyeron 30 mil visitas domiciliarias, 44 mil llamadas telefónicas, 2,300 mensajes SMS y más de 1,400 citas para niñas, niños y adolescentes en agencias del Ministerio Público. Además, se realizaron 54 visitas fuera de la Ciudad de México y 166 llamadas a personas en otros lugares, totalizando 78,159 acciones.

Batres subrayó la importancia de aprovechar toda la información recopilada, incluyendo teléfonos, direcciones y correos electrónicos de las personas desaparecidas. Se organizaron 500 células de búsqueda con participación ciudadana y elementos de seguridad, junto con cuatro células foráneas y equipos específicos para la búsqueda de niños desaparecidos.

En la búsqueda telefónica, dijo, también participa un equipo de 50 personas de LOCATEL; que realiza llamadas telefónicas para la corroboración de datos, mientras que para la localización de menores de edad, actúan 60 elementos de la Policía de Investigación y 30 elementos del Ministerio Público, médicos y psicólogos.

“Así, capacitamos a todos los servidores públicos con una perspectiva de derechos humanos para hacer todas esas visitas y llamadas”, compartió. 

En cuanto al proceso de verificación, Batres indicó que se cumplen con estándares normativos, destacando la interacción directa de los elementos gubernamentales con las personas reportadas como desaparecidas. Se realizan pruebas de vida, incluyendo fotografías con el periódico del día, escritos autógrafos con firma y huella digital, y un informe detallado por parte del servidor público que realiza el hallazgo, "esto es lo que llamamos ‘prueba de vida’; y en el caso de los menores de edad, una evaluación en Ministerio Público".

La iniciativa incorpora un enfoque diversificado que involucra a la comunidad, la seguridad ciudadana y la evaluación específica en el caso de menores de edad, realizada por 60 elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina.

Finalmente, aclaró que toda esta información sigue en las bases de datos, y negó que algún dato fuera borrado.  

El Gobierno capitalino destacó la importancia de utilizar todas las herramientas disponibles para abordar las desapariciones y asegura el cumplimiento de estándares éticos y normativos en su enfoque integral.