La industria restaurantera pactó una alianza con abogados y autoridades capitalinas de asesoría legal y administrativa que frene el índice de extorsión a los empresarios y reduzca el número de trámites a realizar para operar un negocio, luego de que en promedio se enfrentan a 59 regulaciones administrativas, con costos económicos que ascienden los 350,000 pesos, situación que termina por “ahogarlos”.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González reprochó que los trámites que realiza la industria, representan cerca del 30% del PIB restaurantero.

“Lo que vendemos, lo que producimos de todos los restaurantes en el país, lo que cuestan los trámites por año es el 30% imagínense la carga. A un restaurante pequeño, le cuesta 350,000 pesos nada más en esfuerzo, en trámites y en gastos para poder abrir un restaurante y estar legal, pues al final tiras la toalla…”, explicó

De acuerdo con un estudio del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), realizado a finales del 2019, la apertura y funcionamiento de un restaurante en la Ciudad de México requiere de la obtención de 59 trámites, cada uno con un costo promedio de 5,220.18 pesos.

Además, se detectó que los restaurantes de la capital reciben inspecciones por parte de autoridades estatales y federales y por el propio Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), registrando 56 inspecciones.

En conferencia de prensa, la Canirac anunció la firma del acuerdo para apoyar a los restaurantes de la Ciudad de México (CDMX) en la gestión de trámites y asesoría jurídica, en colaboración con la Consultoría Integral en Desarrollo Urbano, S.C. (CIDUR) y con CLG Abogados.

El objetivo es apoyar a los establecimientos formales que preparan y venden alimentos en la Ciudad de México, afiliados a la Cámara, a gestionar distintos trámites ante las autoridades administrativas, así como prestar servicios de asesoría y representación jurídica.

“Se pretende ayudar a todas las personas que cuentan con un restaurante, sean pequeños, medianos y grandes empresarios que año con año tiene que refrendar, también a quienes tienen la intención de iniciar un negocio en este sector, pero que se enfrentan a retos como la sobrerregulación administrativa, la discrecionalidad y el coyotaje”. expuso.

Germán González comentó que el proyecto completo podría estar listo a más tardar en cuatro o seis semanas.

Con respecto a la alianza con CIDUR y CLG Abogados, en primera instancia, se planea integrar un padrón de posibles interesados en los servicios de gestión de trámites administrativos inherentes al funcionamiento de los restaurantes.