"Hay un probable delito de fraude a las finanzas de la Ciudad de México, porque el constructor paga impuestos de, digamos, tres niveles en un edificio al que le construyeron cinco. Es un desfalco a las finanzas públicas y, por lo tanto, las multas van a ser estratosféricas para todos los implicados".

En entrevista con Crónica, el secretario de desarrollo económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, denunció el impacto negativo que ha tenido el llamado 'Cártel Inmobiliario' —integrado por funcionarios del PAN y desarrolladores—, en la economía y el urbanismo de la capital.

Akabani explicó que el Cártel Inmobiliario ha construido alrededor de 200 edificios con pisos de más, sin tener la autorización respectiva, lo que ha generado una mayor oferta de vivienda ilegal, principalmente en la alcaldía Benito Juárez.

Existen más de mil viviendas ilegales en la BJ

"Estamos hablando de entre 6 y 8 departamentos por edificio, es decir, mil 600 viviendas, o sea, son cientos de viviendas ilegales en la alcaldía Benito Juárez y el impacto económico es que lograron vender estos departamentos a precio de mercado, cuando estaban obteniendo una plusvalía totalmente ilegal, puesto que son pisos ilegales construidos fuera de la norma".

Akabani señaló que esta situación ha afectado a desarrolladores que se ajustaron a la ley en varias partes de la ciudad, que tienen que competir con precios conforme al mercado. 

"El precio del terreno en la Ciudad de México varía de acuerdo a su ubicación, pero compite con Miguel Hidalgo, con algunas partes de Coyoacán, con algunas zonas de la Cuauhtémoc y BenitoI Juárez , entonces es una competencia desleal que el Cártel Inmobiliario del PAN en Benito Juárez construyó".

El secretario mencionó el caso emblemático de los edificios que están sobre Popocatépetl, que tienen alrededor de 60 departamentos de más, y que fueron regularizados por la administración de Santiago Taboada, actual alcalde de Benito Juárez. 

"Ahí obtuvieron una utilidad totalmente irregular, con una venta de departamentos totalmente ilegales, motivo por el cual se giraron órdenes de aprehensión desde el momento en que la administración de Santiago Taboada les otorga el uso y la ocupación", reveló.

"Hay un impacto en el mercado a pesar de que hay una mayor oferta de vivienda, que afecta a los competidores de la industria de la construcción, porque están ofreciendo vivienda que no debieron construir y que son pesos de más".

Ingresos ilegales ascienden a los 7 mil mdp

De acuerdo con el funcionario, se estima que los ingresos ilegales no autorizados que obtuvo el cártel inmobiliario superan los 7 mil millones de pesos. 

"El cálculo que hizo en su momento el secretario de Desarrollo Urbano es de 7 mil 500 millones de pesos y no se consideran como pérdidas, sino que son espacios inmobiliarios fuera de la ley, sí, porque hubo quien construyó en promedio dos o tres niveles de más de los que se les había permitido".

En este contexto, Fadlala Akabani aseveró que las investigaciones van a abarcar también a los notarios que se prestaron a regularizar estos pisos ilegales.

Impacto urbano

Además del impacto económico, Akabani advirtió sobre el impacto urbano y humano que ha provocado el Cártel Inmobiliario, al generar hacinamiento de personas, vehículos y tráfico en las calles. 

"Ellos sin escrúpulo alguno, y estoy hablando de Christian Von Roehrich, Jorge Romero y Santiago Taboada, promovieron el hacinamiento de familias y de tráfico vehicular; el que los ciudadanos no puedan encontrar un lugar para estacionarse porque las calles interiores no soportan edificios de más de cuatro niveles, dependiendo el ancho de la calle, esto de acuerdo al estudio que nosotros hicimos cuando yo fui delegado".

El secretario arrojó luz sobre un problema grave que afecta a la industria de la construcción. Según Akabani, la Secretaría de Desarrollo Económico ha calculado el daño causado al mercado por la construcción ilegal de departamentos, que ha generado una competencia desleal y ha perjudicado a otros constructores.

Explicó que los constructores ilegales no solo han evadido impuestos, sino que también han cometido fraude contra las finanzas de la Ciudad de México. 

"Por decir un ejemplo, lo que les autoriza Seduvi es un certificado de uso de suelo de tres niveles, pero ellos construyen cinco. La manifestación de construcción que ingresa el constructor dice tres niveles y pagan impuestos de tres niveles, no de cinco. Hay un fraude a las finanzas públicas de la Ciudad de México".

El secretario también señaló que las multas para estos constructores serán "estratosféricas". Sin embargo, aclaró que las multas serán para los constructores, no para los que compraron "de buena fe".

Mencionó que el Plan General de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, publicado el 6 de mayo de 2005, cuando era delegado de la demarcación, fue violado constantemente, especialmente durante el periodo de 2012 a 2018. Según él, Santiago Taboada, quien otorgó el uso y ocupación, tiene cuentas pendientes con la justicia.

Cuando se le preguntó sobre su papel en esta situación, Akabani afirmó que su responsabilidad es informar a los ciudadanos y desenmascarar a Santiago Taboada. 

"En las entrevistas, le preguntan sobre el cártel inmobiliario y le echa la culpa a la jefa de gobierno. Cómo se atreve a él a acusar a otras instancias de gobierno cuando es responsabilidad de las alcaldías supervisar las construcciones. Edificios con pisos de más, ese es el delito de la administración de Santiago Taboada, que hoy sale a la calle a pedir el voto en forma cínica e impune, pero impune no se va a quedar".

Postura ante propuesta de reforma al Código Penal

Fadlala Akabani compartió sus opiniones sobre la iniciativa de reforma al Código Penal propuesta por Martí Batres para establecer el delito de corrupción inmobiliaria.

Akabani expresó su apoyo a la iniciativa, destacando que fortalecerá la lucha contra la corrupción al incluir a los notarios en su alcance. 

"El delito no solamente va a abarcar a los funcionarios públicos que cometan el delito de violar, lo que se duda y autoriza, porque esto va dirigido prácticamente a las alcaldías. Si un funcionario de una alcaldía, que es a la que le corresponde supervisar la obra y su construcción autoriza otra cosa diferente a lo de Seduvi va a ir a la cárcel y si un notario lo avala, también se va a proceder a someterlo a un juicio penal".

El Secretario también envió un mensaje directo a los miembros del cártel inmobiliario, advirtiendo que los delitos que han cometido tienen "flagrancia permanente" y  enfatizó que el delito de corrupción inmobiliaria es visible para todos.

"El delito tiene flagrancia permanente, es un delito que está a la vista de cualquier ciudadano, de cualquier vecino. Construyeron pisos de más en forma ilegal y avalaron su autorización, los autorizaron en forma ilícita, también con un instrumento que se llama uso y ocupación y es el motivo por el cual se giraron órdenes de aprehensión política y administrativamente. Taboada es responsable, pero también tiene otras cuentas pendientes con la justicia, así es que no se van a salvar".