En la Ciudad de México sólo 15 personas han cumplido los requisitos y continúan con su capacitación para prestar el servicio de escoltas.
A poco más de un mes de que se anunció el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada, 47 empresas iniciaron los trámites para capacitar a su personal y recibir el aval de la Secretaría de Seguridad Pública y sólo seis cumplieron con el total de los requisitos.
La capacitación, regulación y registro del personal de seguridad personal es de suma importancia, de acuerdo con José Gil García, titular de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial de la SSP, quien explicó que después de múltiples operativos han sido detenidos escoltas que viajaban en automóviles robados y tenían antecedentes penales; “la gente no sabe que podría estar contratando delincuentes”, comentó.
“Lo que queremos es que se sepa lo que está ocurriendo. Nos hemos encontrado a gente (escoltas) circulando en vehículos con reporte de robo, personas que traen armas con oficios de empresas que no están registrados en la Ciudad de México, armas cuyos números de serie están completamente alterados para que no se puedan identificar”.
Respecto al tema precisó que la Secretaría de la Defensa Nacional, es la dependencia que se encarga de otorgar permisos para portar armas.
Detalló que la policía capitalina registró a 737 empresas de seguridad privada; de éstas, 47 pueden prestar la modalidad de protección de personas y de éstas sólo 6 se regularizaron y decidieron continuar el proceso de regularización.
Al menos 15 personas, que pertenecen a estas seis empresas, asisten a capacitaciones que imparte la SSP en el Instituto Técnico de Formación Policial (ITFP).
Además, deben pasar exámenes de control de confianza y una capacitación de 80 horas, materias como Derechos Humanos, Uso de la Fuerza, Primeros Auxilios y cómo responder ante un evento delictivo donde no esté involucrada la persona a quien protege.
“Tener un arma no lo es todo; la idea es que un escolta no sólo sea una persona que sepa manejar y disparar, sino que sea alguien que sea un apoyo para la seguridad pública, que lo sea para su principal, pero sobre todo que tenga la capacidad de ejercer como escolta”, señaló José Gil.
La SSP cobra tres mil 400 pesos por balizar un vehiculo escolta y el mismo precio para capacitar a cada persona; el Gobierno de la Ciudad de México ya balizó 65 unidades y 900 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y 300 más de la Policía Auxiliar. Con el resto de las dependencias de Gobierno suman casi dos mil los agentes que otorgan servicios de escoltas.
El principal problema que se detecta es que no están registrados y en segundo lugar el uso de armas sin permiso.
“Llevamos 500 vehículos revisados en una semana, de esos 20 se fueron al corralón (por tener números de serie borrados, por tener torretas, licencia vencida o por llevar equipo exclusivo de personal de las áreas de seguridad y justicia); 590 personas fueron revisadas y de ellas 20 se fueron al Ministerio Público; se revisó el estatus de 168 armas, de las cuales 8 fueron al MP con sus respectivos portadores”.
Ayer, Seguridad Pública implementó el operativo de verificación de escoltas en la zona de Santa Fe, en la delegación Álvaro Obregón; hasta el medio día se habían inspeccionado ocho automóviles, de los cuales uno fue arrastrado al depósito vehicular por tener luces de servicios de emergencia.
“La SSP tiene registrado un curso que prevé un control de su persona, pero más allá de eso le tenemos que hacer estudios; no podemos permitir que una persona, primero, no sepa manejar un arma, y dos, si la va a tener, que no tenga problemas.
“Hay gente que no sabe discernir entre cómo responder a un cerrón en la calle y lo hace con un disparo, o alguien a quien le mienta la madre y responde con un disparo, todo eso lo tenemos que ver mediante pruebas, con esos tres pilares: sicológico, físico y médico”.
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