Mediante una votación unánime, legisladores del Congreso de la Ciudad de México avalaron la Ley "3 de 3", norma que establecerá en la constitución capitalina que ningún ciudadano que pretenda postularse a algún cargo de elección popular o como funcionario público, podrá contar con antecedentes o denuncias de violencia, acoso o deudas alimentarias. 

Con 54 votos a favor, la iniciativa emitida por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político Electorales, expone que en cualquiera de las tres formas en las que se puede llegar al poder ---mediante las urnas, por la administración pública o a través de la designación directa de los órganos autónomos --- a ningún aspirante se le permitirá que cuente con imputaciones de agresiones sexuales, hostigamiento, violencia política, doméstica, delitos contra la libertad o falta de pagos en pensiones.

De acuerdo con los colectivos que propusieron dicha legislación, en 2021 ningún partido político se salvó de tener en sus filas a agresores y acosadores, por lo que amenazaron con no detener sus señalamientos en las redes sociales o en los medios de comunicación hacia agresores como Manuel Horacio Cavazos López, exmagistrado acusado de violentar a sus hijas.

"No vamos a renunciar a la denuncia social, hay quien le teme más a un tuitazo o a un periodicazo que a una acusación formal, penal o civil; si bien ésta reforma es para que nunca más tengamos a un magistrado violador que quiera ser ratificado, a un senador violador que intente ser gobernador o a un deudor alimentario que pretende ser funcionario, los vamos a exhibir, ya sea por partido o demarcación", comentó Endira Sandoval.

"Quienes ocupan cargos de elección popular tienen una gran responsabilidad, presentamos ante Gabriela Salido, la presidenta de la mesa directiva de éste Congreso, una carta para que éste recinto se una al registro nacional de obligaciones alimentarias, es un mecanismo para saber quién es deudor o moroso", explicó Julieta Lujambio, promotora del registro nacional del registro de personas deudoras.

La legisladora de Morena, Marta Ávila explicó que la nueva reforma nació y es una realidad gracias a las colectivas que presionaron a los legisladores para no permitir que agresores se desempeñen en el Gobierno local, hecho que permite que el trabajo del Congreso avance y que el intercambio de ideas entre la población civil y los diputados, incentiva a que se intensifiquen las Leyes que benefician a las víctimas de violencia.

"No podemos tener representantes populares que sean violadores, nosotros hacemos las Leyes, si llegan éstos funcionarios, nunca vamos a avanzar, ningún agresor más al poder. Agradezco a todas las mujeres que lucharon, que han sostenido una lucha permanente e histórica, para que los espacios que ocupemos sean mejor desempeñados, la votación unánime permite que juntos apoyemos a nuestras niñas y niños".

En su intervención, Gabriela Quiroga, legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) declaró que la Ley 3 de 3 es un mecanismo para que las partidas estén obligadas a instalar en sus convocatorias y reglamentos, métodos que identifiquen a los militantes que en sus hogares o empleos, actúan de manera violenta.

En su turno, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Garrido, sostuvo que en lo que respecta a iniciativas a favor de las mujeres, es posible dejar de lado los colores e ideales y construir acuerdos en los que las víctimas y la ciudadanía en general sean las más favorecidas.

"Nosotros solamente somos un instrumento, es un logro de ustedes, tenemos la obligación de prohibir en el servicio público a violentadores, desde el cargo más bajo hasta el más alto, en el ejecutivo, legislativo y judicial".

"No podrá haber jefe de gobierno, alcaldes, magistrados, diputados, jueces, directores generales, concejales, comisionados y postulantes a otros cargos que sean agresores".